PSOE y PP acuerdan renovar el CGPJ y presentar una ley que "reforzará la independencia del Poder Judicial"
La modificación que plantean fija que se deberá presentar una propuesta de reforma del sistema de elección
El PP y PSOE han alcanzado un acuerdo, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, para proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023, según han confirmado fuentes socialistas y 'populares'.
Ambos partidos también han pactado presentar una proposición de ley orgánica que "reforzará la independencia del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023". Han acordado, además, nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.
La proposición de ley que han pactado PSOE y PP con la intención de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) fija que "en el plazo de seis meses" desde la entrada en vigor de la norma el CGPJ tendrá que redactar una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados
Según consta en la iniciativa parlamentaria, recogida por Europa Press, la disposición adicional contempla que el órgano deberá elaborar un informe sobre los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos de la magistratura análogos al español y presentar un informe con su propia propuesta.
El texto tendrá que ser aprobado "por una mayoría de tres quintos de sus vocales, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un CGPJ acorde con los mejores estándares europeos".
La proposición establece que dicha propuesta "será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación".
Esta disposición adicional forma parte de la proposición que integra el pacto alcanzado este martes en Bruselas entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ. La iniciativa consta además de dos artículos, una disposición transitoria y una final. El artículo uno tiene trece apartados que, entre otras cuestiones, afectan a los requisitos para el nombramiento de magistrados en las Salas del Tribunal Supremo y a los servicios especiales y las excedencias voluntarias de jueces y magistrados.
Según la exposición de motivos, el texto pretende "reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial en su configuración actual a través de la modificación de dos normas", la LOPJ y el EOMF.
Reacciones dispares
La líder de Podemos, Ione Belarra, y la número dos del partido, Irene Montero, han acusado al PSOE de "rendirse" ante la derecha. Es más, ambas tildan este pacto de una "gran coalición" que abre una nueva etapa en la legislatura.
"El punto y aparte era rendirse ante la derecha que hace la guerra sucia judicial y mediática. El PSOE elige nuevo socio de gobierno, el PP, y arranca una nueva legislatura de gran coalición. Esto no es lo que la gente votó en las urnas", ha lanzado Belarra a través de un mensaje en Twitter.
Montero se ha expresado en términos similares al afear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha rendido ante la "guerra judicial" tras este acuerdo con el PP.
"Desde hoy empieza una nueva legislatura, de gran coalición, en la que el PSOE elige al PP como su principal socio de gobierno. Es un gran error", ha enfatizado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su "satisfacción" por el acuerdo. Tras justificar este pacto por "lealtad" al Estado, ha subrayado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no ha cedido por convicciones sino por desesperación y por obligación", dado que, a su juicio, las amenazas que ha proferido contra la Justicia solo "conducían al abismo".
"Misión cumplida", ha afirmado Feijóo en su comparecencia, después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, hayan sellado en Bruselas un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.
En una rueda de prensa en la sede del PP, y después de las críticas de Vox, ha señalado que lo acordado va en la línea del discurso de investidura que pronunció el 26 de septiembre, que contó no solo con los votos del Grupo Popular "sino también con los votos de Vox, de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarra".
"Asumo todos los costes que significa el coste de la coherencia política. Creo en la Constitución de mi país, estoy en política para defenderla. Estoy en política para asegurar la independencia del Poder Judicial", ha proclamado, respondiendo así a las críticas de partidos como Vox a ese pacto alcanzado entre PP y PSOE.
"Presiones de todo tipo"
En su comparecencia ha admitido que en este asunto ha recibido "presiones de todo tipo" y ha escuchado "afirmaciones diversas, incluso contradictorias". "Mantenerme firme en la defensa de la independencia judicial, les aseguro que no ha sido fácil. Pero también les puedo asegurar que mi único propósito siempre ha sido preservar, para hoy y para las próximas décadas, la separación de poderes en nuestro país", ha aseverado.
Asimismo, y después del ultimátum que lanzó hace dos semanas Pedro Sánchez para renovar el CGPJ, el jefe de la oposición ha apuntado a que este pacto impide que "el Gobierno intentase reventar, en el último instante" un acuerdo como, a su juicio, hizo "en su día" cuando el PSOE presentó una reforma "que dejó sin efecto la independencia judicial".