Stop Desahucios exige una solución para Mercedes y su hijo, expulsados de un piso de Provivienda | Vídeo

Mercedes Tapia y su hijo de 20 meses fueron expulsados de un piso compartido de Provivienda, una asociación que trabaja en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada, el pasado 14 de noviembre. La mujer se siente “indefensa” porque la han expulsado “sin explicación ninguna” más que alegando que es una persona “que plantea problemas de convivencia en el piso”, como ella misma ha asegurado en una concentración en la Plaza del Carmen, en la que ha estado acompañada por el colectivo Stop Desahucios Granada 15M.

La mujer ha explicado que Servicios Sociales le ha informado de que no puede recurrir la decisión. Recibió una amonestación por escrito del Proyecto ‘Viviendas Temporales para la Inclusión Social Activa’ por una falta considerada “muy grave” por “agredir verbalmente a la compañera de la vivienda compartida”. Mercedes ha asegurado que no se le da la oportunidad de defenderse de estas acusaciones y que se ve “en la calle” con su hijo. Además, ha afirmado que desde Servicios Sociales le han indicado que con los 527 euros que ha comenzado a cobrar de salario social, lo que actualmente se denomina renta mínima de inserción, puede alquilar una vivienda. Ella misma y Stop Desahucios consideran que con esa cantidad no puede hacerlo, pues al alquiler hay que sumar todos los gastos de los suministros básicos.

Una treinta de personas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento para exigir a Servicios Sociales que dé una solución al caso de Mercedes. Carmen Pons, miembro de Stop Desahucios, ha asegurado que la concejal de Servicios Sociales les “juró”, en una reunión que mantuvieron en una cafetería junto a la afectada, que el ayuntamiento “no la dejaría en la estacada” y considera que así ha sido. “Con una renta mínima de inserción, de 527 euros, que es provisional, se tiene que estar pagando una pensión, que es donde está ahora. Las personas necesitan un hogar para vivir y en el que estar tranquilo y Provivienda no se lo ha dado”, ha indicado.

Para los miembros de Stop Desahucios y para la propia afectada, la renta mínima no da para pagar un alquiler en Granada más los suministros básicos, ya que el alquiler medio en los barrios más humildes de la capital está en 400 euros. Además, para alquilar una vivienda solicitan “una nómina o un avalista”, han recordado, por lo que piden a Servicios Sociales que explique “cómo puede vivir con 500 y pico euros una mujer y su hijo”. “No tiene posibilidad de recurrir la decisión, lo único que le dicen es que se busque una vivienda”, ha reiterado Carmen Pons, que ha vuelto a pedir “soluciones” a este caso.

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