La Subdelegación celebra una mesa de debate sobre los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género

Un grupo de expertos ha analizado los recursos que la Administración del Estado pone a su disposición

Imagen de la mesa de debate celebrada | Foto: Gabinete
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La mayoría de las personas desplazadas desde Ucrania hasta España y, en concreto, a la provincia de Granada son mujeres y menores. De hecho, de las 474 solicitudes de protección temporal que se estaban tramitando en Granada a fecha del pasado martes, 214 eran mujeres y 202 menores. Por esta razón, la Subdelegación del Gobierno en Granada, a través de su Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, ha celebrado en la mañana de este jueves una mesa debate en la que diferentes expertos han analizado los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género y los recursos que la Administración del Estado pone a su disposición.

La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro ha sido la encargada de inaugurar este encuentro, dirigido tanto a personal que interviene con las mujeres víctimas de violencia de género como a miembros de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En su intervención, López Calahorro ha destacado que la situación singular de llegada de un importante número de mujeres y menores procedentes de Ucrania “nos ha hecho impulsar esta jornada para que quienes trabajan con el colectivo de mujeres puedan conocer la situación, la normativa y los procedimientos que regulan los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género por el hecho de ser mujeres, por ejemplo, la violencia de género, la trata con fines de explotación sexual, matrimonios forzados o agresiones sexuales”.

Medidas especiales

En este sentido, López Calahorro ha citado algunas de las medidas de carácter no normativo recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022 Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania como por ejemplo la posibilidad de que las comunidades autónomas y entidades locales puedan destinar fondos de años anteriores no comprometidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Plan Corresponsables, a poner en marcha todos los proyectos o programas preventivos y asistenciales necesarios, así como cualquier otro que, en el contexto de la crisis humanitaria derivada del conflicto bélico, tenga como finalidad garantizar la prevención, protección y la atención a las mujeres refugiadas.

También se contempla la realización de campañas institucionales de información y concienciación con la finalidad de prevenir los impactos que el desplazamiento pueda tener en el aprovechamiento por parte de redes o personas tratantes de la situación de las mujeres, niñas y niños que buscan ayuda humanitaria.

Bono social eléctrico

La subdelegada ha señalado igualmente que se contemplan medidas para la ampliación del bono social eléctrico para las familias monoparentales, que son el 13,2% de los hogares en situación de pobreza, y las mujeres víctimas de violencia de género.

En cuanto a la acreditación de víctima de trata y explotación sexual, López Calahorro ha destacado que “en la crisis derivada de la invasión de Ucrania, el desplazamiento masivo de mujeres, niñas y niños lleva aparejado un riesgo de trata con fines de explotación sexual, alertado por diversos organismos internacionales. Lo cual requiere poner en marcha medidas adicionales, adaptadas al actual contexto, para la efectiva detección de posibles víctimas, así como mecanismos de acceso a los derechos reconocidos en el artículo 12 del Convenio de Varsovia, a través de instrumentos ágiles de acreditación, no dependientes de la identificación policial. Y en el caso de cumplir los requisitos, el acceso al Ingreso Mínimo Vital”.

En la mesa de debate también han intervenido el jefe de la Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación, Juan Manuel Puerta, el inspector jefe del Grupo 1º de la UCRIF de la Policía Nacional, Juan López Sánchez, la responsable de Área de la Mujer y Dificultad Social de Cruz Roja, Cristina Beltrán, el jefe de delitos contra las personas de la UOPJ de la Guardia Civil, Alfredo Suárez y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Montserrat Muñoz.