El Supremo revisa el 12 de julio el indulto concedido a Juana Rivas tras el recurso de su expareja

El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 12 de julio la votación y fallo sobre el recurso presentado por la expareja de Juana Rivas contra el indulto parcial que concedió el Gobierno en noviembre del año pasado a esta madre de Maracena (Granada) condenada a dos años y medio de cárcel por la sustracción de sus dos hijos menores.

Así consta en una providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se fija esta fecha, a partir de las 10:00 horas, para la votación y fallo del recurso y se designa magistrado ponente a Wenceslao Francisco Olea Godoy.

En su recurso, la representación legal en España del italiano Francesco Arcuri, el padre de los hijos de Juana Rivas, exponía que el indulto parcial se tramitó con "sorprendente urgencia" por parte del Consejo de Ministros y arrogándose competencias reservadas al orden judicial.

Alega, de hecho, que la concesión de esta medida de gracia fue arbitraria porque se adoptó "a pesar de las irregularidades manifiestas del expediente" y supone una "grave vulneración" de actos reglados obligatorios dispuestos en la Ley del Indulto, puesto que, entre otros asuntos, no se incorporó el informe del Centro Penitenciario.

Por ello, solicita que se revoque el Real Decreto de 16 de noviembre de 2021 por el que se le concedía a Rivas el indulto parcial, o bien que se declare nulo. En caso de que el tribunal no atienda estas dos peticiones, Arcuri interesa que se revoque o se anule lo expuesto en ese indulto respecto de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos, que se conmutaba por la pena de ciento ochenta días de trabajos en beneficio de la comunidad.

El 16 de noviembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el indulto parcial para Juana Rivas en consonancia con la postura de la Fiscalía y dos semanas después de que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) enviara un informe al Gobierno sobre la postura de sus magistrados en torno a esta decisión. El Supremo reconoció que existía división en esta materia; y es que ocho de sus magistrados apoyaron el indulto parcial para Rivas y otros ocho, entre los que se incluyó el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se oponían.

El recurso

En su extenso recurso contra el indulto, Arcuri advierte de que tras la finalización del procedimiento en España, con condena del Supremo a Rivas, el procedimiento de indulto ha sido "exprés" porque ha estado "muy por debajo de la media de resolución, que se halla en los ocho meses".

Indica asimismo que las sucesivas declaraciones de Rivas en relación a que sufrió maltrato han caído en saco roto en la vía judicial y se fija también en el expediente de indulto elaborado por el Ministerio de Justicia para subrayar que falta el informe preceptivo de Instituciones Penitenciarias y "por tanto, no existe información referente al estricto cumplimiento penitenciario de Rivas posterior a la ejecutoria" de la condena.

Suma a esto que no consta informe de conducta de la Subdelegación del Gobierno, ni por tanto, "dato alguno de ningún tipo al respecto de las pruebas o indicios del arrepentimiento de Rivas".

Arcuri acusa también al Consejo de Ministros de atribuirse "ilegalmente" potestades que son propias del orden judicial. "Entendemos que con la condonación de la pena accesoria de inhabilitación de la patria potestad de la manera que lo hace el Ejecutivo en el Real Decreto recurrido, está asumiendo una competencia que no tiene, por la mera naturaleza de la medida", recuerda.

Explica que siendo la patria potestad "un complejo entramado de derechos y deberes, regulado en el Código Civil, de carácter eminentemente tuitivo de los menores", se hace "difícil (imposible) poder aceptar que la pena de privación de patria potestad establecida en sentencia judicial pueda ser indultada por el Gobierno".

Periplo judicial

Rivas abandonó Italia en 2016 con sus dos hijos con la intención de no regresar, pese a no contar con el consentimiento del padre de los menores, Francesco Arcuri, quien en 2009, cuando la pareja vivía en España, fue condenado a una pena de tres meses de prisión por malos tratos en el seno familiar.

En verano de 2017, Juana Rivas pasó un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregar a los niños a su expareja, al que ha acusado de forma reiterada de malos tratos, extremo que él niega. A raíz de este asunto, el 27 de julio de 2018, el Juzgado de lo Penal 1 de Granada la condenó a cinco años de prisión como autora de dos delitos de sustracción de menores.

El magistrado también condenó a esta madre de Maracena (Granada) a ser privada de ejercer la patria potestad sobre los niños, en una sentencia que unos meses después --en marzo de 2019-- confirmó la Audiencia Provincial de Granada en todos sus extremos, salvo en lo relativo a la indemnización que debía abonarle a su expareja por daño moral, que rebajó de los 30.000 a los 12.000 euros.

El asunto volvió a ser recurrido por la defensa de Rivas y llegó al Tribunal Supremo que, a finales de abril de 2021, acordó rebajar a la mitad la pena de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

El 16 de noviembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el indulto parcial y a finales de marzo de 2022 la Audiencia Provincial de Granada acordó suspender la pena de prisión que le restaba por cumplir.

PP y Vox reprochan al Gobierno que indulte a mujeres como Juana Rivas "para contentar al feminismo"

El PP y Vox han echado en cara este martes al Gobierno que haya indultado de manera parcial a Juana Rivas y María Sevilla, dos madres condenadas por "secuestrar" a sus hijos, para complacer al movimiento feminista, según han coincidido ambos partidos en la Comisión de Justicia celebrada en el Congreso de los Diputados.

Así le han respondido los diputados Miguel Ángel Jerez (PP) y Carlos Zambrano (Vox) a la subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez, que ha comparecido en la Comisión de Justicia para informar de los indultos concedidos y denegados en la segunda mitad de 2021.

Sánchez ha defendido que, durante ese periodo, el Gobierno de coalición concedió sin "favoritismo" cinco indultos, todos parciales, a dos hombres y tres mujeres --uno de ellos el de Rivas--, al tiempo que ha precisado se denegaron 1.744 solicitudes.

Y sobre Rivas, la mujer de Granada condenada por el Tribunal Supremo a dos años y medio de cárcel por un delito de sustracción de menores, la subsecretaria de Justicia ha explicado en el Congreso que, como no había unanimidad entre el tribunal sentenciador y la Fiscalía, no fue posible concederle un indulto total y se dio "condicionado a que no vuelva a cometer el mismo delito".

En el turno de preguntas, Jerez se ha centrado en reprochar al Ejecutivo un uso partidista de la medida de gracia en beneficio de "mujeres que secuestran a sus hijos", para lo que ha nombrado tanto a Rivas como a María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre también indultada de forma parcial y condenada por el mismo delito.

"Lo que vale para una vale exactamente para la otra", ha criticado Jerez, que ve cuestiones ideológicas en ambos perdones. "Lo importante ya no es la señora Llop, sino la señora Montero", la ministra de Igualdad, que es la que "propone" a quién indultar porque dice que ese poder, ha dicho, es del "movimiento feminista".

En la misma línea, el diputado Carlos Zambrano, de Vox, ha asegurado que el Ejecutivo emplea de manera "torticera, política y partidista" la herramienta del indulto: "No cabe duda de que eso ha sido así, sigue siendo así y está marcando la legislatura". "¿Son pocos indultos? Depende cómo se mire, pues para unos casos" --y aquí ha mencionado a Rivas y Sevilla-- "son muy indulgentes", ha añadido.

Para el parlamentario de Vox, el Gobierno está utilizando el perdón a condenados como un "peaje" para satisfacer al "feminismo radical" y "a costa de la Justicia". "Está convirtiendo la discrecionalidad en pura arbitrariedad", ha considerado Zambrano.

La subsecretaria de Justicia ha comparecido en el Congreso para hacer balance de los perdones otorgados por el Gobierno durante el último semestre de 2021, un periodo que coincide con el nombramiento como ministra de Justicia de Pilar Llop, que hace un año relevó en el cargo a Juan Carlos Campo. Desde julio a diciembre del año pasado, no obstante, el Ejecutivo denegó 1.744 solicitudes.

Sobre Rivas en particular, Ana María Sánchez ha explicado que, como no había unanimidad entre el tribunal sentenciador y la Fiscalía, no fue posible concederle un indulto total y se dio "condicionado a que no vuelva a cometer el mismo delito".

La Justicia niega "compadreos"

Frente a las críticas de PP y Vox, la representante del Ministerio de Justicia ha señalado que el indulto "no puede ser usado para consolidar favoritismos" y que este Gobierno no se mueve por "compadreos", sino por el "interés general", ha destacado.

En el segundo semestre de 2021, el Gobierno recibió 1.376 solicitudes de perdón, un 22,5 por ciento menos que la primera mitad del año, cuando llegaron al Ministerio 1.818, lo que refleja, en palabras de Sánchez, una "tendencia de disminución" en el número de peticiones, ya que en 2015 hubo más de 5.000 y en 2020, 3.275.

Los 5 indultos fueron aprobados en las reuniones del Consejos de Ministros del 16 noviembre y 21 de diciembre. De las tres mujeres indultadas, la subsecretaria de Justicia ha detallado, sin dar nombres, que una había cometido un delito contra las relaciones familiares, en alusión a Rivas, y dos lo habían hecho contra el patrimonio, el mismo delito que se perdonó a los dos hombres.

Sánchez ha explicado, pero de nuevo sin nombrar a Rivas, que del total de indultados, la máxima pena correspondía a la mujer granadina, condenada por el Supremo a dos años y medio de prisión. Entre los agraciados con el indulto, el menor de los castigos eran los seis meses para un autor de un delito contra el patrimonio.

La subsecretaria ha querido destacar que no hubo ningún indulto en la segunda mitad del año pasado con los dos informes desfavorables, es decir, del tribunal sentenciador y la Fiscalía. En uno, el de Rivas --como ha recordado, aunque sin mencionarlo expresamente-- había empate en el informe del tribunal sentenciador: la mitad de los magistrados se mostraba a favor, y la otra mitad en contra del indulto parcial, pero con el visto bueno de Fiscalía.

Respecto a las solicitudes denegadas (1.744), el 91 por ciento tenía los informes desfavorables tanto del tribunal sentenciador como de la Fiscalía, ha informado Sánchez en la Comisión de Justicia. Entre las peticiones, 217 fueron de mujeres (un 12%) y 1.527 de hombres. Tanto para hombres como para mujeres, la cifra más elevada de expedientes denegados se referían a delitos contra el patrimonio, seguida por los concernientes a la salud pública.

Como colofón, la subsecretaria de Justicia ha respondido al PP que haga una reflexión, dado que Mariano Rajoy, cuando era presidente, manifestó en 2017 que había que "ponerse en el lugar" de Rivas, por aquel entonces en paradero desconocido con sus hijos.

La condena a Rivas, "excesiva" para el PSOE

En defensa del Gobierno ha salido la diputada Elvira Ramón, del PSOE, que ha afirmado que el Gobierno de coalición está haciendo un uso "racional y equilibrado" de la medida de gracia y que tiene la potestad para hacerlo, pero con unos límites: no indultar a personas condenadas por tráfico de drogas, violencia machista o corrupción.

Sobre el indulto a Rivas, la diputada socialista ha señalado que las críticas a este caso concreto responden a un "machismo patológico", "digno de tratamiento", tanto del PP como de Vox.

Ramón ha indicado que el PP y Vox han tratado de sacar tajada del "celo ideológico" del juez de lo Penal de Granada que rechazó en 2021 suspender la ejecución de la pena prisión impuesta a Juana Rivas tras la petición de indulto al entender que no concurría "ninguna circunstancia" que la hiciera "especial merecedora".

A juicio de la diputada, la condena que se le impuso era "excesiva", pero ni al PP ni a Vox les importa Rivas, ha dicho, sino "atacar al Gobierno y deslegitimar sus acciones". Acto seguido, ha reclamado a los 'populares' que dejen de ser "constitucionalistas a tiempo parcial" y se sienten a renovar órganos "totalmente bloqueados" como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).