Susana Díaz afirma que se agotará la vía judicial en el caso Nevada para que el resultado final sea "justo"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha señalado este miércoles que desde el Gobierno andaluz seguirán "trabajando" y "agotando la vía judicial" para que el "resultado final" sea "adecuado y justo" en el caso Nevada, en el que esta administración ha sido condenada a indemnizar con 165,6 millones de euros a los promotores del Centro Comercial Nevada, en Armilla (Granada), a raíz de los perjuicios económicos derivados de la paralización de las obras durante varios años.

Susana Díaz se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas sobre este asunto en Benalúa (Granada), después de que el Tribunal Supremo haya emitido una providencia en la que acuerda no admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la Junta en este caso, con lo que se agota la vía judicial ordinaria y se abre la puerta al recurso de amparo ante el Constitucional.

Díaz ha dicho que "es evidente" que desde la Junta no comparten la sentencia que condena a pagar esta indemnización a los promotores del Nevada. "Y por lo tanto, vamos a seguir recurriendo y vamos a llegar al límite que nos permite el ordenamiento jurídico español para que el resultado final sea el justo y el que se merece", ha agregado.

Susana Díaz, que ha estado acompañada por el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha realizado estas consideraciones después de que el Supremo haya rechazado hace unos meses el recurso de casación que la Junta presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que fijó en 165,6 millones de euros la indemnización, y de que esta semana haya notificado a las partes su decisión de inadmitir el incidente de nulidad presentado por la Junta contra la anterior providencia.

El TSJA elevó en aquella sentencia de 157 a 165,6 millones de euros la indemnización fijada previamente por un Juzgado de Granada y confirmó que la pretensión de la entidad mercantil de ser indemnizada está prevista en la Ley Contencioso-Administrativa. La normativa señala que para que proceda el abono de una indemnización debe haber previamente un procedimiento judicial en cuyo seno se acuerde la adopción de una medida cautelar y que la medida, una vez levantada, haya ocasionado algún tipo de daño.