Susana Díaz propone un gran pacto anticorrupción con más de 20 medidas

La candidata a la Presidencia de la Junta, la socialista Susana Díaz, ha ofrecido este lunes durante su discurso de investidura un "gran acuerdo de todos" contra la corrupción que incluye más de 20 medidas y que, aunque es de "ámbito andaluz", tiene vocación de "servir de modelo" al resto de España, extendiéndose a todo el territorio.

Durante su intervención en el debate de investidura ante el Pleno del Parlamento, Díaz ha propuesto un acuerdo "riguroso, autoexigente y que demuestre que la unidad de todos los grupos por combatir la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública hasta exterminarla".

Tras asegurar que la corrupción es una "vergüenza" para quienes creen en la gestión honrada de lo público y un "lastre inaceptable" para la democracia, Díaz se ha comprometido a tomar medidas en distintos ámbitos, enmarcadas en un "gran pacto", para evitar que caso como el de los ERE o la formación, "por referirme a casos andaluces, no van a volver a repetirse".

En primer lugar, la socialista ha propuesto un paquete de iniciativas sobre los partidos políticos. "Difícilmente podemos garantizar transparencia en las instituciones que gobernamos sin antes dar empleo en nuestro propia casa", ha afirmado Díaz.

En consecuencia, se ha comprometido en este terreno de la regeneración democrática de los políticos a la aprobación de un paquete normativo que obligue a la remisión por parte de todos los partidos políticos a la Cámara de Cuentas de Andalucía y su publicación vía telemática de su estructura orgánica y retribuciones si las tuvieran.

También se incluye dentro del mismo que los cargos instituciones que no perciban una retribución pública no puedan percibir de sus formaciones políticas ninguna remuneración complementaria; y la obligatoriedad de hacer pública la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales del IRPF de todo cargo electo, así como de su cónyuge.

RESPONSABILIDAD SUBSIDARIA DE LOS PARTIDOS

Otras medidas hacen referencia a que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos se harán responsables patrimonialmente de dichos actos; o la remisión anual a la Cámara de Cuentas de la contabilidad de los partidos, y de su estructura orgánica y retribuciones si las tuvieran y su publicación telemática.

Asimismo, los ciudadanos tendrán acceso a través de Internet a toda la normativa interna de los partidos, de sus procedimientos de control y de sus cuentas, ingresos y cuentas electorales.

Tras enumerar las medidas de este paquete normativo, Díaz ha dicho que los partidos tienen que comprometerse a separar "de inmediato" a cualquier cargo, público, electo o designado que resulte imputado por corrupción política y que ningún imputado forme parte de las listas electorales. Estas han sido una de las condiciones que han puesto tanto Podemos como Ciudadanos durante las negociaciones para la investidura.

También ha pedido Díaz que se aparte a quienes mientan o manipule en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica; que las personas imputadas no formen parte de las listas electorales; y que se establezca el compromiso de que los candidatos sean elegidos a través de un sistema de primarias.

En términos más generales sobre la Administración, la candidata a la Presidencia de la Junta ha propuesto la creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, destinada a prevenir, detectar y denunciar malas prácticas, con legitimación para instar de forma autónoma la incoación de procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo.

En esta misma dirección, Díaz se ha comprometido a aprobar una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, que regule con la mayor precisión y exigencia todos los aspectos referidos al código ético, las incompatibilidades y un régimen sancionador en caso de incumplimiento de sus deberes.

EVITAR LAS "PUERTAS GIRATORIAS"

También se ha comprometido a garantizar la incompatibilidad entre la función de parlamentario autonómico y el ejercicio de cualquier otra actividad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de incompatibilidades; a reforzar en el ámbito andaluz la normativa necesaria para evitar las llamadas "puertas giratorias", y a avanzar en la eficiencia y control de los fondos públicos que se destinan a ayudas de todo tipo mediante la aprobación de una ley andaluza de subvenciones.

Reformar la Ley de la Cámara de Cuentas para reforzar la obligatoriedad de colaboración de las administraciones públicas, estableciendo la posibilidad de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan cuentas o incluir en el Plan de Inspección de la Agencia Tributaria de Andalucía a aquellas entidades y personas implicadas en supuestos casos de corrupción son otras medidas propuestas por Díaz.

Seguidamente, la candidata socialista a la Presidencia de la Junta ha dicho que hay que dar una respuesta "cabal y adecuada" a las "cada día mayores ansias de participación" de la ciudadanía en la gestión de la cosa pública. Para ello, ha anunciado que su gobierno enviará a este Parlamento una Ley de Participación y desarrollará todos los instrumentos que propicien una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Entre otras iniciativas, según ha explicado Díaz, se establecerá un Portal de Gobierno Abierto y una Oficina Ciudadana en el Parlamento con presencia física y digital que sirva de soporte para difundir y recabar apoyos para las diferentes iniciativas de participación ciudadana en la actividad parlamentaria.

"Creo, señorías, que se trata del paquete de medidas anticorrupción y en favor de la transparencia y de la participación de los ciudadanos más ambicioso que ninguna administración se haya propuesto jamás", ha defendido Díaz, quien ha destacado que habría aspectos que siendo de competencia del Estado contribuirían, sin duda, a la mayor limpieza y ejemplaridad de la vida pública.

En particular, ha propuesto instar al Gobierno de la Nación a crear un Registro Público Estatal en el que se centralice toda la información referida a transparencia de los representantes políticos y que se establezca la obligación de remitir dicha información a la Administración Tributaria.

AMPLIAR EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE DELITOS POR CORRUPCIÓN

Díaz también cree necesario llevar a cabo una iniciativa autonómica para reformar el Código Penal en cuestiones como la ampliación del plazo de prescripción de delitos por corrupción; que los cargos públicos respondan en su caso con su patrimonio, siendo su responsabilidad patrimonial "imprescriptible"; o la tipificación del delito de financiación ilegal con responsabilidad penal de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.

Junto a ello, la candidata a la Presidencia de la Junta ha propuesto también cambiar la Ley de Contratos para establecer un mayor control sobre los mismos, modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones para que los condenados por corrupción no puedan contratar con las administraciones ni recibir ayudas o subvenciones.

En relación con las medidas aprobadas para impedir donaciones a partidos, tanto de empresas como de directivos de éstas, así como las condonaciones de préstamos bancarios a los partidos, Díaz ha mostrado su apoyo a las mismas y se ha comprometido a seguir impulsando medidas en este sentido.

La socialista ha concluido su intervención en esta materia asegurando que está convencida de que la inmensa mayoría de los que se dedican a la vida pública son gente "honesta y decente". "La cuestión es si esto es lo que piensa la ciudadanía y me temo que no es así. Si todos queremos, acabaremos con la corrupción", ha finalizado.