Suspendido el juicio a los cuatro trabajadores encausados por participar en una protesta sindical en Granada
El acto reivindicativo estaba enmarcado dentro de una campaña por la readmisión de una operaria de la limpieza de la sede de la Delegación de Turismo
Cuatro trabajadores, entre ellos tres militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), se enfrentan a dos acusaciones por parte de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía a causa de haber participado en un acto reivindicativo de carácter sindical y que se enmarcó dentro de una campaña por la readmisión de una operaria de la limpieza de la sede de la Delegación de Turismo en Granada de la Junta de Andalucía.
Mientras que la Fiscalía solicita un año y tres meses de prisión, la denunciante Junta de Andalucía pide la pena de cinco años y tres meses basándose en la comisión de delitos tales como “desórdenes públicos, amenazas y coacciones”, entre otros, con diversos agravantes como "el de actuar en grupo que trufan el corolario de penas descrito por el letrado del gobierno autónomo referido".
Tanto la delegada sindical Vanesa Sánchez Martín como su hermana María José y los responsables del Sindicato Andaluz, Néstor Salvador y Paco Cabello, se han enfrentado a las penas descritas ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Granada. El juicio, que estaba previsto para este martes a las 9:30 horas ha sido suspendido. Se realizará "más adelante", sin haberse indicado una fecha concreta.
Paco Cabello asegura que durante el año 20-21 desarrollaron una campaña con la Delegación de Turismo de la Junta, las consejerías de Cultura, Regeneración Democrática, Administración Local y las delegaciones territoriales de la Junta de esta consejería de la que era responsable Juan Marín, el entonces vicepresidente de la Junta.
La delegación de Turismo de la Junta de Andalucía se trasladó a la calle Marqués de la Ensenada, a dos plantas del edificio de Obras Públicas, y fue cuando aprovecharon para destituir a la delegada del SAT "porque había mantenido un conflicto con la empresa de limpieza en la que trabajaba, que a su vez contrataba Gustavo Adolfo Rodríguez, por aquellas fechas, delegado territorial de Cultura de Granada". Durante los años 2020 y 2021, mantuvieron un conflicto con más de setenta manifestaciones en la puerta de la delegación con apoyo de organizaciones sindicales, organizaciones sociales e incluso ayuntamientos andaluces, españoles y de fuera de España; todas para apoyar a Vanesa, la trabajadora despedida.
Paco Cabello cuenta que en una de las concentraciones que hubo, subieron a pedir una cita a Gustavo Adolfo para hablar con él y que, al llegar allí, aprovecharon para repartir octavillas en la tercera planta de la Delegación Territorial y saludaron a Vanesa ya que la conocían de haber trabajado todos con ella en años anteriores. El tiempo de su estancia allí fue de aproximadamente diez minutos, hasta que les comunicaron que el el delegado territorial no estaba. Según Paco Cabello, "la secretaria se escondió para llamar a la Policía Nacional, que se personó en el edificio" y fue a hablar con ellos. Le dijeron que habían ido a pedir cita con Gustavo Adolfo, pero como no estaba habían aprovechado para repartir las octavillas para informar a la gente. La Policía no identificó a ninguno de los seis que había. Sin embargo, la Policía les comentó que pidieran cita o si no, les echaban. Fue cuando les acusaron de entrar con violencia en el edificio, acusación que negaron. La Policía les dejó ir sin ningún problema, cuenta Paco Cabello. Ellos bajaron, pidieron la cita y tanto la Policía como los manifestantes se marcharon. Al tiempo, les llegó la denuncia de Gustavo Adolfo de la Junta, acusándoles de haber entrado en el edificio "con violencia y amenazas".
Desde fuentes del Sindicato Andaluz confían en que “todas las acusaciones presentadas, tanto por la Fiscalía como por el letrado de la Junta, se verán aclaradas y desmotadas en el juicio oral previsto, con el resultado de la absolución de todos los acusados”.
Paco Cabello asegura que la acusación de violencia, amenazas y desorden público "no es cierta" y que en ninguna de las más de setenta concentraciones que hicieron en la puerta del edificio "pasó nada", incluida por la que se les denuncia. Asegura que le acusan "de amenazas y violencia" para pararles los pies.
El motivo de haberse presentado en el edificio es que las veces que habían pedido cita por escrito - tres o cuatro- no habían recibido respuesta alguna, entonces aquel día, aprovechando la concentración subieron a pedir la cita y aprovecharon para repartir panfletos.
El motivo de la concentración fue una reacción del sindicato al despido de una trabajadora, Vanesa, madre de familia, sin ningún motivo aparente. Aseguran que el motivo fue para "quitarse a una persona que era problemática para él, ya que le molestaba el conflicto sindical". El despido fue calificado de improcedente con posterioridad y no lo anularon porque a la abogada de la mujer se le olvidó solicitarlo. El motivo del despido, alegaron, fue que no tenían "trabajo para darle".