Taxi: conflictos de ayer y de hoy

Veía estos días atrás la imagen de los taxistas bloqueando importantes calles de las principales ciudades del país y venía a mi memoria la estampa de una Granada colapsada por la acción de más de doscientos taxis que inesperadamente se concentraron en torno a la plaza de Isabel la Católica, en una fila que desbordó Gran Vía y Reyes Católicos, el único eje de circulación en la ciudad, y durante ocho horas convirtieron aquella jornada de octubre de 1985 en una fecha negra, la mayor alteración de orden público, según calificación de los entonces responsables municipales.

Entonces, como ahora, los taxistas sabían que tenían poco que conseguir. Aquella acción, injustificada, se produjo en vísperas de una reunión con las administraciones que regulan su actividad -Junta y Ayuntamiento- y el bloqueo con carácter previo al diálogo anunciado para 48 horas después solo dibujó una exhibición de músculo que no sirvió de nada en el encuentro posterior. Ahora, tanto el taxi como el Gobierno eran conscientes de un imposible que relataba estos días Juan Carlos Escudier en ‘Público’: “Que el conflicto del taxi no puede acabar bien lo saben el Gobierno y los taxistas, ya sea porque el primero promete lo que sabe que no puede cumplir o porque los segundos piden un imposible viaje hacia atrás en el tiempo”.

Con muy poco bagaje en la mochila para tan prolongado bloqueo (habrá que decir tambié, en su descargo, que ellos son los primeros que sufren toda clase de manifestaciones y protestas en la vía pública), los taxistas se han marchado anunciando que volverán en septiembre. Como entonces, en aquel octubre granadino, que depusieron su desproporcionada protesta sin ninguna promesa en el horizonte y recibieron una de las intervenciones más duras que se recuerdan en el alcalde de entonces, Antonio Jara. Parece que el Gobierno se lavará las manos cediendo la regulación a las comunidades autónomas. Algo de lo que pedían los taxistas sí es, porque el gremio sabe -eso sí- que los gobiernos regionales son bastante más presionables que la Administración central.

Sean unos u otros, poco se puede hacer contra el signo de los tiempos. Digamos, de entrada, que al taxi le asiste la razón cuando proclama que no se está cumpliendo la ley en lo que respecta a la proporcionalidad de las licencias VTC, que debería ser de una a 30 y en la práctica se reduce a uno-siete. Habría que analizar, no obstante, por qué el Gobierno cedió a esa proporción. El mercado, así superregulado, repercute sobre el bolsillo del consumidor y así lo ha detectado el informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) cuando ha analizado las condiciones que limitan lo que en el siglo XXI debe ser la libre competencia. Es como si Correos se pusiese en huelga porque la gente envía mensajes electrónicos en lugar de cartas con su correspondiente sobre y sello que los carteros entregan a domicilio.

Ante la aparición de las nuevas tecnologías el taxi no ha reaccionado, confiado en las ventajas que hasta el momento le han perfilado como un ‘lobby’ más que un gremio, demasiado acostumbrado a sobreactuar cuando algo se interpone en su interesado camino. Prestatarios de un servicio público por concesión administrativa, no se entiende que en la práctica el sistema haya degenerado en ‘cesión’ más que ‘concesión’, en un mercado secundario donde se barajan cifras astronómicas en la transferencia de licencias.

Lo que ofrecen Uber y Cabify y cualquier otra que nunca he usado y me pierdo lo tendrían que haber ofertado los propios taxistas, si hubiesen estado atentos a anticipar competidores. Dormidos en los laureles de unos reglamentos que ya no son de estos tiempos, otros han aprovechado las rendijas del sistema para colarse y ofrecer mejor servicio a mejor precio. De siempre han circulado multitud de chistes que tienen al taxista como protagonista a su pesar y casi ninguno deja en buen lugar al colectivo, peculiar en su concepción del mundo que les rodea. Quién no ha oído hablar de ‘la solución del taxista’, esa del ‘esto lo arreglaba yo en tres patás’, con que resuelven cualquier conflicto.

Por qué oyen masivamente la Cope sería el primer misterio a desentrañar, pero su estudio trasciende a este comentario. En cualquier caso, los taxistas han de ser conscientes de que el actual modelo y reglamentación, basado en la regulación por el propio gremio que controla cuántos y quienes entran en el colectivo, es inviable en el siglo XXI. Así, como ha puesto de manifiesto el informe de la CNMC, en Barcelona, donde las plazas hoteleras se han multiplicado por veinte en los últimos años, las licencias de taxi se han reducido. En 2016 -seguimos en Barcelona- el valor de una licencia de taxi alcanzaba los 135.000 euros. Entre 1987 y 2016, el valor de una licencia de taxi en el mercado secundario aumentó un 503 por cien, el doble que el Ibex 35 en ese periodo. Todo ello tiene sus consecuencias en un sobreprecio para el consumidor calculado en un 12,3 por ciento sobre la tarifa que paga.

Si se trata de un servicio público, ese último dato debería bastar para actuar sobre el modelo y su actualización.