Testigos propuestos por la defensa del 'caso Romanones' subrayan la inocencia del cura imputado

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el llamado 'caso Romanones' sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes a menores, ha tomado este miércoles declaración a cuatro testigos propuestos por la defensa del único imputado, el padre Román M.V.C., los cuales han defendido su inocencia.

Se trata de personas que conocen a los sacerdotes que estuvieron imputados inicialmente en esta causa y la vida de la parroquia vinculada a este caso, por lo que, a juicio de la defensa del padre Román, ejercida por el abogado Javier Muriel, han aportado datos sobre la "realidad de los hechos" y han evidenciado, a su entender, que "el relato del denunciante no se sostiene", ha señalado el letrado en declaraciones a Europa Press.

Durante la sesión, los testigos han respondido a las preguntas de la defensa y de la acusación particular, ejercida por el letrado Jorge Aguilera, el cual considera que estas testificales no afectan al fondo del asunto respecto a lo denunciado por su cliente, el joven que destapó este supuesto caso de abusos sexuales.

Estas testificales producen después de que haya trascendido que el material informático y electrónico incautado al grupo de sacerdotes durante los registros practicados al inicio de la investigación no contiene "contenido sexual, ni de características pedófilas; ni siquiera pornográficas".

La Policía ha analizado ordenadores portátiles, conversaciones de correo electrónico y varios dispositivos electrónicos, en los cuales no se han hallado imágenes u otros documentos vinculados al delito que ocupa a esta investigación, según consta en el informe pericial trasladado al Juzgado.

Junto a esta prueba informática, hay pendiente de incorporar a la instrucción una pericial psicológica practicada al principal denunciante de los hechos, según han señalado las mismas fuentes.

La Audiencia de Granada confirmó el pasado septiembre que la causa, cuya instrucción se prevé que concluya en las próximas semanas, sólo continuará contra el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C., al declarar prescritos los delitos atribuidos a los otros once imputados.

De este modo, la Audiencia desestimó los recursos planteados por la acusación particular y popular al auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que ya el pasado febrero consideró prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares y acordaba mantener sólo la imputación contra el presunto líder del grupo por los hechos que presuntamente cometió sobre el primer denunciante porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento.

CARTA AL PAPA

El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.

Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse".

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación con estos hechos, al considerar que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado.

Mantiene además el juez que los hechos se producen "por la condición de sacerdote del imputado", y por el "reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial".

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