El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha abierto una investigación por un supuesto delito de acusación o denuncia falsa contra los ocho ediles del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada por la querella que presentaron contra el alcalde de la capital, José Torres Hurtado, por una operación urbanística relacionada con la urbanización del Cerrillo de Maracena, en el marco de una causa en la que el regidor fue imputado por un posible delito de prevaricación y que finalmente fue archivada. La apertura de diligencias previas se produce a raíz de la querella presentada por Torres Hurtado contra los concejales socialistas, entre los que se encuentra el portavoz del grupo municipal y candidato a la Alcaldía, Francisco Cuenca, y el edil y secretario local del PSOE de Granada, José María Rueda.

Según consta en la resolución de incoación de diligencias previas, tanto del auto de sobreseimiento que decretó el Juzgado de Instrucción 1 de Granada, que llevó la causa contra el regidor, como del auto de la Audiencia Provincial que ratificó el archivo "podría desprenderse la presunta falsedad de las imputaciones realizadas a sabiendas" por el grupo socialista.

"Lo que digo es que habían hecho una cosa intencionada para dañar la imagen de Granada, y a su vez dañar la imagen del alcalde", ha explicado esta mañana, durante su tradicional visita de barrios, Torres Hurtado, que ha asegurado que le gustaría que "desde el punto de vista político y personal deberían pedir perdón", haciendo hincapié en que "no les digo que dimitan ni que se vayan, sino que me voy a limitar a decir lo que diga la justicia". Ha explicado que "el problema es que ellos van a la justicia con datos que se ha demostrado que son falsos, y por eso la Justicia debe lavar la imagen de esta ciudad, que está limpia de corrupción".

El secretario del PSOE municipal, Chema Rueda

Por su parte, desde el grupo municipal socialista, el secretario local del PSOE, Chema Rueda, ha asegurado que “en caso de que el proceso siguiese adelante y hubiese imputados, no tendría ninguna consecuencia a nivel político porque estaríamos imputados por haber denunciado corrupción y recuerdo que el debate político en este país se refiere a cargos públicos imputados por posibles delitos de corrupción, no por denunciar posibles delitos de corrupción. Hay una diferencia”.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 señaló que la querella formulada por los socialistas adolecía de la "especificación de las resoluciones supuestamente prevaricadoras", pues en la instrucción se comprobó que todas las actuaciones estaban "plenamente justificadas" y estaban avaladas por la regularidad en su tramitación, lo que fue confirmado por los empresarios y el regidor imputados.

En este sentido, el auto de la Audiencia Provincial que confirmó el archivo incidió en el "carácter parcial, subjetivo, que no se ajusta a la realidad e instrumentalizador de la querella interpuesta", manteniendo que los ediles del grupo socialista podían ser conocedores de las decisiones que se tomaron en esta operación urbanística, pese a que ellos lo negaran.

A raíz de esta denuncia de los socialistas, el alcalde de Granada tuvo que declarar, junto a varios promotores y dos representantes de una caja de ahorros, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada en calidad de imputado por un posible delito de prevaricación por una operación en la que el Ayuntamiento aceptó saldar una deuda de 8,2 millones de euros a dos promotores, a cambio del porcentaje en una parcela que, según sostenía el PSOE, estaba valorada a un precio inferior, lo que a su juicio podía menoscabar las arcas municipales.

Finalmente, la causa fue archivada y el regidor instó a los miembros del grupo socialista a disculparse públicamente por las acusaciones vertidas advirtiendo de acciones legales si no lo hacían.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha abierto una investigación por un supuesto delito de acusación o denuncia falsa contra los ocho ediles del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada por la querella que presentaron contra el alcalde de la capital, José Torres Hurtado, por una operación urbanística relacionada con la urbanización del Cerrillo de Maracena, en el marco de una causa en la que el regidor fue imputado por un posible delito de prevaricación y que finalmente fue archivada. La apertura de diligencias previas se produce a raíz de la querella presentada por Torres Hurtado contra los concejales socialistas, entre los que se encuentra el portavoz del grupo municipal y candidato a la Alcaldía, Francisco Cuenca, y el edil y secretario local del PSOE de Granada, José María Rueda.

Según consta en la resolución de incoación de diligencias previas, tanto del auto de sobreseimiento que decretó el Juzgado de Instrucción 1 de Granada, que llevó la causa contra el regidor, como del auto de la Audiencia Provincial que ratificó el archivo "podría desprenderse la presunta falsedad de las imputaciones realizadas a sabiendas" por el grupo socialista.

"Lo que digo es que habían hecho una cosa intencionada para dañar la imagen de Granada, y a su vez dañar la imagen del alcalde", ha explicado esta mañana, durante su tradicional visita de barrios, Torres Hurtado, que ha asegurado que le gustaría que "desde el punto de vista político y personal deberían pedir perdón", haciendo hincapié en que "no les digo que dimitan ni que se vayan, sino que me voy a limitar a decir lo que diga la justicia". Ha explicado que "el problema es que ellos van a la justicia con datos que se ha demostrado que son falsos, y por eso la Justicia debe lavar la imagen de esta ciudad, que está limpia de corrupción".

El secretario del PSOE municipal, Chema Rueda

Por su parte, desde el grupo municipal socialista, el secretario local del PSOE, Chema Rueda, ha asegurado que “en caso de que el proceso siguiese adelante y hubiese imputados, no tendría ninguna consecuencia a nivel político porque estaríamos imputados por haber denunciado corrupción y recuerdo que el debate político en este país se refiere a cargos públicos imputados por posibles delitos de corrupción, no por denunciar posibles delitos de corrupción. Hay una diferencia”.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 señaló que la querella formulada por los socialistas adolecía de la "especificación de las resoluciones supuestamente prevaricadoras", pues en la instrucción se comprobó que todas las actuaciones estaban "plenamente justificadas" y estaban avaladas por la regularidad en su tramitación, lo que fue confirmado por los empresarios y el regidor imputados.

En este sentido, el auto de la Audiencia Provincial que confirmó el archivo incidió en el "carácter parcial, subjetivo, que no se ajusta a la realidad e instrumentalizador de la querella interpuesta", manteniendo que los ediles del grupo socialista podían ser conocedores de las decisiones que se tomaron en esta operación urbanística, pese a que ellos lo negaran.

A raíz de esta denuncia de los socialistas, el alcalde de Granada tuvo que declarar, junto a varios promotores y dos representantes de una caja de ahorros, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada en calidad de imputado por un posible delito de prevaricación por una operación en la que el Ayuntamiento aceptó saldar una deuda de 8,2 millones de euros a dos promotores, a cambio del porcentaje en una parcela que, según sostenía el PSOE, estaba valorada a un precio inferior, lo que a su juicio podía menoscabar las arcas municipales.

Finalmente, la causa fue archivada y el regidor instó a los miembros del grupo socialista a disculparse públicamente por las acusaciones vertidas advirtiendo de acciones legales si no lo hacían.