Torres Hurtado asegura que no hubo"coacciones" a los promotores del Palacio de Hielo

Hoy se ha celebrado la quinta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia por este asunto, por el que están acusados el que fuera concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo (PP), el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente, los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha.

Para los ocho, la Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo y sobre cualquier otro que comprenda facultades de contratación, por un delito de prevaricación.

Los hechos, que fueron denunciados en su día por el Ministerio Público, que entendía que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento, se remontan al pasado 25 de septiembre de 2005, cuando el entonces edil de Urbanismo y varios promotores inmobiliarios firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, con una superficie neta de 177.384 metros cuadrados.

Torres Hurtado, propuesto como testigo por su antiguo compañero de corporación García Royo, ha dicho desconocer los entresijos técnicos de la operación y ha incidido en que como alcalde tiene delegadas las competencias en los distintos concejales, de manera que él no participa directamente en ninguna conversación con los promotores.

Sí ha explicado que la idea de construir un Palacio de Hielo en la ciudad surgió por la concurrencia de Granada a la Universiada, para la que la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU) requería instalaciones para las pruebas de hielo.

El alcalde, que había viajado con García Royo Madrid para visitar algunas instalaciones similares, ha dicho que la capital contaba con un suelo adecuado para construir un pabellón que podría albergar ese tipo de competiciones, en los terrenos del plan parcial cuestionados.

Además, ha indicado que en una reunión "informal" los directivos de la Caja Rural, con los que tenía "amistad", le manifestaron su intención de construir allí mismo una "gran sede", puesto que tenían en propiedad parte de un solar. Sin embargo, necesitaban más superficie, y el alcalde les contestó que, como el Ayuntamiento era propietario de algunos terrenos, podrían optar a comprarlos.

Por otro lado, y preguntado por si tenía constancia de si alguno de los promotores --J. Julián Consulting S.L., Promociones Arcomarex y Caja Rural de Granada-- había sido objeto de "coacciones" por parte del concejal de Urbanismo, el alcalde ha dicho que eso "nunca se ha hecho".

Sí había recibido "quejas" por parte de los funcionarios de Urbanismo por la "actitud" del acusado José Julián Romero cuando visitaba las dependencias municipales, por sus "amenazas veladas" y sus comportamientos "poco acordes con la educación". No había sido sólo por esta operación, sino que "es la manera de ser de este hombre".

Además, ha dicho que no recuerda si alguno de los técnicos municipales alertó de la posible irregularidad del convenio urbanístico firmado por los promotores, aprobado en la Junta de Gobierno de 25 de septiembre de 2005, si bien ha aclarado que si existe algún reparo "se retira el punto para verlo con más detenimiento". A esa Junta de Gobierno no asistió, según ha afirmado, García Royo "porque así consta en el acta", ya que se encontraba de viaje.

Sobre el Plan Parcial, y preguntado por el abogado de José Julián Romero sobre si era habitual que el Ayuntamiento cobrase por unos aprovechamientos urbanísticos de terrenos de dominio público, el alcalde ha respondido que es un asunto "técnico" que desconoce, y ha defendido que "todo plan parcial que se aprueba se sustenta con una serie de informes", incluso de la Junta de Andalucía.

En la sesión de este miércoles se ha llamado a declarar como testigos a algunos de los técnicos del Ayuntamiento, entre ellos a la secretaria general, que ha afirmado que el interventor no puso reparos a la aprobación del convenio. Está previsto que este jueves concluya el juicio, con la lectura de las conclusiones y los informes de las partes personadas.

ACUSACIÓN DEL FISCAL

Según la Fiscalía, las conversaciones sobre este asunto se habían iniciado en 2003, y en 2005 se retomaron actuando personalmente, ya como edil, García Royo, con la finalidad "de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales y con la aquiescencia de las empresas propietarias mayoritarias de los terrenos interesados en el desarrollo comercial de la zona, que también obtendrían beneficio de dicha operación al aumentar la edificabilidad de los terrenos".

En junio de 2005 se presentó en el Ayuntamiento un escrito por los propietarios mayoritarios --J. Julián Consulting S.L., Promociones Arcomarex y Caja Rural de Granada-- anunciando su voluntad de suscribir el convenio urbanístico y, entre otras materias, adquirir los excesos de titularidad municipal de terrenos situados en sistemas generales adscritos al sector del Plan Parcial y excesos de aprovechamiento no atribuibles a otros propietarios.

El convenio se aprobó definitivamente el 31 de marzo de 2006 por la Junta de Gobierno Local, y paralelamente se constituyó la Junta de Compensación sin convocar ni al Ministerio de Fomento ni a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pese a que en el Plan Parcial estaban incluidos terrenos de su propiedad.

Fueron dos de los procesados, el secretario de la Junta de Compensación y el vicesecretario del Ayuntamiento, quienes "omitieron" cualquier notificación que a estas administraciones "debía hacerse para la defensa de sus derechos", por lo que el proyecto de reparcelación de los terrenos fue presentado ante la Gerencia de Urbanismo en enero de 2007 sin su "conocimiento".

En marzo de 2007, con los informes favorables de los técnicos, el proyecto se aprobó inicialmente, y de manera definitiva en agosto, "pese ni Fomento y la CHG fueron convocadas, advertidas o notificadas de actuación alguna, en contraposición a la actuación llevada a cabo con otros propietarios minoritarios".

Como resultado de todo ello, según el fiscal, se incluyeron en el sector para el cómputo de las unidades de aprovechamiento a cobrar por el Ayuntamiento y pagar por las empresas interesadas, "con el consiguiente aumento irregular de edificabilidad", terrenos que no eran propiedad municipal o no generaban aprovechamiento al no estar desafectadas del uso público. Se trata de dos parcelas del Ministerio de Fomento, de una extensión de 4.532,36 y 423,84 metros cuadrados respectivamente y otra de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 20.484, así como otras dos dotacionales destinadas a viales de una extensión de 4.503 y 3.554 metros cuadrados, lo que hace un total de 33.497,20 metros cuadrados.

Cada unidad de aprovechamiento que se incrementó (de un total de 14.000) se valoró en 417,61 euros, lo que supuso un "beneficio" tanto para el Ayuntamiento como finalmente para los promotores interesados, dado que el suelo estaba destinado en un 40 por ciento a un uso residencial y un 60 por ciento a uso terciario de ocio y oficinas.