Torres Hurtado: “La expulsión de los ocupantes de las cuevas será pronto”
Insalubridad, inseguridad e inestabilidad son las principales argumentaciones esgrimidas por el ayuntamiento de la ciudad para “desalojar” las primeras ocho cuevas del cerro de San Miguel, que son de titularidad municipal, a las que califica de infraviviendas sin luz ni agua. “La expulsión de sus ocupantes se llevará a cabo pronto, porque realmente esas cuevas tienen peligro inminente de derrumbe”, ha explicado el acalde granadino, José Torres Hurtado.
A pesar de que este desalojo, que el alcalde no quiere calificar de esta forma, “porque estas cuevas no tienen la declaración de viviendas” se iba a producir esta mañana, un grupo de más de 250 personas, convocadas a través de las redes sociales, se ha concentrado allí para plantar cara a la Policía.
“No comprendemos esta situación”, asegura el alcalde, “una de esas cuevas se ha derrumbado en los últimos días, lo que en realidad queremos es evitar el peligro, y las personas no son conscientes de él”.
Desde el ayuntamiento también se ha criticado la actitud del grupo municipal de IU, que está detrás de estas movilizaciones, y cuyo portavoz, Francisco Puentedura, exigió el miércoles pasado al gobierno popular del consistorio que se paralizara “el desalojo y demolición de las cuevas del Cerro de San Miguel, hasta que no se garanticen todas la medidas de intervención social y garantías jurídicas de sus moradores”. “No pueden considerar esas cuevas como viviendas, y no pueden criticarnos que el Día de los Derechos Humanos llevemos a cabo un desalojo”, se muestra rotundo Torres Hurtado, que además expresa su incomprensión, ya que si IU son los responsables, en la Junta de Andalucía, del tema de la vivienda, “parece que en este caso sería su responsabilidad buscar una solución y no buscar más polémica”.
Desde el consistorio se asegura que se volverá a hablar con los afectados, y que si se resistieran de nuevo, se les enviaría un mandamiento judicial. De momento, les tocará el turno a estas ocho cuevas, en las que “viven” unas 20 personas, pero este plan contempla que la actuación se extienda a otras cincuenta. Después de la demolición se llevará a cabo una reforestación de la zona con plantas autóctonas de Granada.