El Tribunal Administrativo anula la licitación del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Motril

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha fallado a favor del recurso interpuesto por CCOO Granada contra la licitación del Contrato de servicio y recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y gestión del ecoparque del Ayuntamiento de Motril y obliga al consistorio a iniciar de nuevo el procedimiento. De esta forma, el órgano estima parcialmente el recurso presentado por CCOO, el 30 de agosto de 2024, contra el citado procedimiento, al considerar que "no cumple la normativa laboral vigente" y "no ha tenido en cuenta el convenio colectivo y los acuerdos firmados por los trabajadores".

En su escrito, el Tribunal ha considerado probado que en el cálculo del valor estimado del contrato "no se han tenido en cuenta las subidas salariales" ya programadas en las tablas contempladas en el convenio y "se han obviado los acuerdos firmados entre la plantilla y la empresa" en relación con la subrogación de trabajadores a la empresa adjudicataria. De igual modo, ha considerado que "no se ha velado por la eliminación de la brecha de género", algo que ya había denunciado previamente el sindicato.

Por su parte, el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Granada, Juan Carlos Martínez, ha valorado de forma "muy positiva" de la decisión del Tribunal. "Estamos muy satisfechos con la resolución ya que ha quedado demostrado que el Ayuntamiento de Motril lo único que pretende es privatizar un servicio básico y fundamental sin respetar los derechos de los trabajadores y sin tener en cuenta las necesidades de los propios ciudadanos", ha aseverado en una nota.

Igualmente, ha celebrado que el Tribunal haya anulado el procedimiento y obligue al consistorio motrileño a modificar la cláusula para ajustarla a derecho, advirtiendo de que "seguiremos expectantes a la nueva licitación y, si nuevamente vulnera los derechos de los trabajadores, volveremos a denunciarlo cuantas veces sea necesario hasta que se garantice que el procedimiento cumple la legalidad".

En este contexto, ha subrayado que esta sentencia "demuestra que la forma de actuar de la Administración dista mucho de ser un ejemplo a seguir, defendiendo los intereses privados en lugar de dar el lugar que merecen los trabajadores que durante años han desarrollado su trabajo de forma eficiente y ejemplar".