UGT-A pide una reunión a la Junta por la "precariedad" en las plantillas del sector de ayuda a domicilio

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha solicitado una reunión con la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, "para tratar la problemática" de los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, marcada por la "precariedad laboral que sufren".

Así lo indica el sindicato en una nota en la que señala que "la contratación a tiempo parcial es el modelo más extendido" en dicho sector laboral, que "comprende a 180.000 personas en todo el Estado y en torno a 60.000" en la comunidad autónoma andaluza, según detalla.

Desde UGT explican que una de las características de los profesionales del servicio de ayuda a domicilio es su "feminización, pues son en su mayoría son mujeres", unas trabajadoras que "ven una oportunidad de progresar al encontrar trabajo en este sector y se dan de bruces con la cruda realidad de la explotación laboral pura y dura, convirtiéndose en 'trabajadoras pobres' con salarios mensuales medios entre 200 y 350 euros".

Para el sindicato, "la labor social que ejercen estos trabajadores no es reconocida por las administraciones públicas" pese a que desarrollan "un trabajo social muy importante", según subraya UGT, que remarca que "no son personal de servicio al servicio de la familia de los usuarios".

Desde FeSP UGT Andalucía también alertan de que "las empresas no cumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y carecen de formación e información sobre problemas de salud que pueden contraer de los usuarios a los que asisten".

Así las cosas, UGT "exige a la administración --ayuntamientos y Junta de Andalucía-- un control efectivo de los conciertos en relación a las empresas adjudicatarias de los servicios", punto en el que advierten de que "muchas de ellas están sancionadas reiteradamente por no cumplir ni con los mayores/dependientes ni con los trabajadores".

UGT también reivindica a la Administración que "se valore más la garantía de calidad que la oferta económica a la hora de adjudicar los contratos", así como ve "primordial la creación de un convenio regional que incluya mejoras en sus condiciones laborales, así como exigencias más exhaustivas a las empresas que prestan este servicio".