UGT y CCOO se manifiestan este miércoles contra el "acoso a sindicalistas" y en defensa del derecho a la huelga

La marcha, que arrancará a las 20,00 horas desde la Subdelegación de Gobierno en Granada hasta Plaza Nueva, estará precedida por otro acto durante la mañana que consistirá en la entrega al subdelegado de Gobierno, Santiago Pérez, de un manifiesto apelando a la libertad sindical ante "la oleada de sanciones y procesamientos con peticiones de penas que van desde los dos a los ocho años de cárcel por participar en las huelgas convocadas contra las políticas del Gobierno".

La secretaria general de UGT en Granada, Manuela Martínez, ha incidido en un comunicado en que "la huelga no es un delito, sino un derecho constitucional que se debe preservar", considerando que "se está aplicando una restricción desproporcionada del ejercicio de este derecho, que durante más de 35 años se ha venido ejerciendo de manera democrática y que se ha caracterizado en todo momento por la ausencia de violencia".

La ugetista, que ha mostrado su "inquietud" por lo que "parece una acción concertada por parte de la Fiscalía apelando al artículo 315.3 del Código Penal, ha abogado por que "ningún trabajador y/o sindicalista entre en prisión por desarrollar la actividad sindical, solicitando que se conceda el indulto para las seis personas contra las que ya hay sentencia con orden de ingreso en prisión, entre ellas Carlos C. y Carmen B., condenados a tres años de prisión por su actuación durante un piquete del Movimiento 15M de Granada durante la huelga general del 29 de marzo de 2012.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Granada, Ricardo Flores, ha recordado que ambos sindicatos han pedido el indulto para los tres casos de sentencia firme que hay en estos momentos. "Desde CCOO creemos que se debe actuar con ponderación, y esa ponderación ahora está en manos del Gobierno, llevando a cabo los indultos, y trabajando para el archivo de las causas pendientes. La huelga no puede derivar hacia el código penal", ha señalado Flores.

En su opinión, "se ha creado una dinámica de criminalización de la acción sindical con el fin de desalentar a los trabajadores en el derecho a movilizarse y de presentar la imagen del derecho a huelga como si fuese una práctica delictiva".

Por ello, se han dirigido al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía con el objetivo de que se cambie el Código Penal y "reponer de esta manera los derechos fundamentales que se están socavando".

Finalmente, Ricardo Flores ha hecho un llamamiento al Gobierno para que acepte con prontitud las peticiones de indulto y que "ninguna persona entre en prisión por el ejercicio de un derecho fundamental como es el de huelga".