Un año desde que el ‘caso Nazarí’ desestabilizara Granada
La causa que aún continúa su curso se saldó con la renuncia del entonces alcalde de la ciudad, Torres Hurtado, así como de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto
Tal día como hoy, Granada vivía hace un año uno de los episodios que más ha marcado la historia reciente de la ciudad: la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) detenía al entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ante su posible implicación en una presunta trama de corrupción que tomaría el nombre, en primer lugar, de ‘Operación Nazarí’, hasta pasar a denominarse ‘caso Nazarí’.
En una jornada de intensa incredulidad, la UDEF desplegaba un espectacular dispositivo a primera hora de la mañana del pasado 13 de abril de 2016 ante la atenta mirada de los granadinos que vivían casi al instante los hechos a través de la implacable conexión mediática producida.
Tras registrar el Ayuntamiento de Granada y la sede de Urbanismo, así como empresas constructoras implicadas y los domicilios privados de algunos de los investigados -como el del entonces alcalde-; la operación se saldaba con 17 detenidos, entre los que se encontraban el propio José Torres Hurtado y la entonces concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.
Vídeo de la detención de Torres Hurtado por el 'caso Nazarí'. Si no puedes verlo, pulsa aquí.
En una calma tensa, la actualidad granadina continuaba su curso a la espera de lo que pudiese deparar los acontecimientos. No hizo falta ni una semana para que esa falsa tranquilidad se rompiera con una noticia contundente: Torres Hurtado e Isabel Nieto dimitían de sus cargos en el Consistorio granadino y forzaban la dimisión de Sebastián Pérez como teniente de alcalde y concejal de la Corporación municipal.
Una decisión que se vio precipitada por una moción de censura del resto de grupos municipales con representación en el Ayuntamiento que dejó el gobierno de la ciudad en manos del socialista Paco Cuenca. Pero, tal y como el portavoz provincial de Ciudadanos Granada detalló la pasada semana tras su reunión de acercamiento al Partido Popular, no fue hasta que se presentó dicha moción cuando Torres Hurtado dimitió. “El único responsable de que el PP no tenga en estos momentos la Alcaldía de Granada es el señor Torres Hurtado. Nosotros no hubiéramos firmado la moción de censura si Torres Hurtado hubiera dimitido. Hubiéramos dejado seguir gobernando al PP, pero él no renunció hasta que la presentamos”, comentaba Salvador.
Y es que la relación política y personal de Sebastián Pérez y Torres Hurtado era tensa, hasta el punto de llegar a afirma el ya exalcalde en una entrevista concedida a 13TV que “la ciudad de Granada sabe que esto es un montaje para beneficiar a Sebastián Pérez”.
“Durante los cinco días que pasaron desde mi detención hasta mi dimisión, pedí al presidente provincial del PP que me dejara dar explicaciones, pero no me quiso recibir, ni me cogía el teléfono. […] Entonces, me llamó Maíllo para decirme que tenía que dar un paso atrás porque lo sucedido era muy grave y se acercaban las elecciones generales y le dije que, si yo daba el paso atrás, el presidente provincial tendría que marcharse también de su puesto de concejal porque no había querido escucharme, ni atenderme”, recalcó.
¿QUÉ SE INVESTIGA EN EL ‘CASO NAZARÍ’?
Tras el levantamiento del secreto de sumario que se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre y en el que salieron a la luz trece cajas con entre 15.000 y 18.000 folios, se hacía público la implicación en la trama de 11 empresas y la investigación a 18 personas -entre las que se encontraban altos cargos, técnicos municipales y empresarios de Granada- por presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.
Tal es el calado de los hechos que se estudian en el ‘caso Nazarí’ que las investigaciones policiales incluso hablan de una “organización criminal” al frente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, liderada por Torres Hurtado e Isabel Nieto, que habría costado a Granada un perjuicio de unos 20 millones de euros en, al menos, ocho operaciones urbanísticas.
Todo comenzó con la investigación que se emprendió en el mes de enero tras querellar el Ministerio Público sobre una posible alteración fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo del Pabellón Mulhacén. Un terreno que habría ocupado 300 metros cuadrados de una parcela de la propiedad del empresario Ramón Arenas.
De igual modo, José Torres Hurtado está siendo investigado por las irregularidades en su bloque de viviendas – donde se detectó alteraciones en las medidas de los pisos, estando por debajo de lo mínimo- y las expropiaciones del PTS -el Ayuntamiento tuvo que abonar 15 millones a los antiguos propietarios por dicha operación debido a que se consideraba irregular la forma de actuar- .
Además, también se ha estudiado la desviación de un barranco y la concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.
Uno de los casos que ya ha sido archivado es el relativo a Casa Ágreda. La ONG Agencia Internacional para el Desarrollo (AIDE) presentó el pasado 9 de junio de 2014 una instancia para adquirir un derecho de superficie sobre la Casa Ágreda. Mediante esta iniciativa, AIDE tendría el derecho de superficie del lugar durante 40 años por el importe de 200.000 euros con una opción a compra a ejecutar en el plazo máximo de 15 años por un valor de un millón y medo de euros.
NUEVA INVESTIGACIÓN A TORRES HURTADO: EL ‘CASO SERRALLO’
La situación de Torres Hurtado viraría de nuevo el pasado mes de marzo, cuando era llamado a declarar como investigado por una de las causas abiertas relacionadas con el ‘caso Nazarí’, el ‘caso Serrallo’, en el que se estudia la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza. En la causa también están investigados la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, cinco funcionario y, al menos, un promotor.
Según los datos que maneja la Fiscalía de Medio Ambiente y la UDEF, Torres Hurtado era la persona que dirigía a los doce técnicos de nivel medio y alto que también están investigados en unas diligencias que tendrían los cuatro elementos que se dan en una trama urbanística de corrupción: presión sobre el suelo urbanístico para conseguir precios favorables, políticos y funcionarios que trabajaban en sintonía para otorgar contratos, favores por parte de constructores y promotores, y colaboración necesaria por parte de los técnicos.
En este caso, una posibilidad se vislumbró el pasado mes que aún continúa sin ser despejada: que los concejales del PP que formaron parte de la Junta de Gobierno Local en el que se aprobó la iniciativa relativa al ‘caso Serrallo’ puedan ser también investigados por apoyar actuaciones supuestamente ilegales.
En esta última pieza, Torres Hurtado se enfrenta a los supuestos delitos de prevaricación, contra la organización del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.
“SOMOS ABSOLUTAMENTE HONRADOS”
Ante el juez que instruye el caso, Torres Hurtado en todo momento ha defendido su inocencia y se ha desvinculado de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Granada al señalar que tenía delegadas las competencias y que todas las actuaciones estaban en manos de los técnicos y de la concejal del área, Isabel Nieto.
El mismo discurso pronunció Nieto durante su paso por el juzgado, cuando negó haber cometido ninguna irregularidad en su gestión y atribuyó el origen de la “supuesta trama” de corrupción a una serie de “denuncias falsas” con las que se pretendería “deformar la realidad”.
“Somos absolutamente honrados”, decían una y otra vez ambos. Una seguridad que Torres Hurtado avala con declaraciones en las que asegura que está “muy tranquilo” y “absolutamente convencido” de la legalidad de su gestión y de que las diligencias abiertas “quedarán en nada, porque no hay nada”.
Por el contrario, la UDEF señala que en el ‘caso Nazarí’ se desprende que Torres Hurtado “tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento y participaba activamente en la toma de decisiones, a pesar de la delegación de funciones en materia urbanística” y que tenía conocimiento absoluto de la operación especulativa llevada a cabo en los Espacios Libres del Serrallo y existen indicios de su participación en ella”.