Un estudio de la UGR demuestra que el reparto de beneficios no afecta a la eficiencia de las empresas

La actitud de la gente en las empresas no siempre es “oportunista e interesada”, como afirma la teoría clásica de las instituciones. Por el contrario, si sus miembros deliberan de modo imparcial y acuerdan un principio de distribución igualitario de beneficios, el personal estará dispuesto a ciertos sacrificios para seguir el pacto acordado. Así lo indica una investigación en la que participa el profesor del Departamento de Filosofía I y miembro de la Unidad de Excelencia FiloLab de la UGR Pedro Francés Gómez, investigador principal de los proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que han dado lugar a este trabajo.

El estudio, publicado en la revista Journal of Institutional Economics, establece una base a partir de la que se podrían diseñar procesos de deliberación imparcial que incrementarían, según sus autores, la disposición a compartir equitativamente los beneficios de la actividad productiva. “Esto ayudaría a solucionar uno de los problemas del gobierno corporativo, como es la percepción de que el beneficio recae desproporcionadamente en directivos y accionistas”, explica el investigador de la UGR Pedro Francés Gómez. Esto último se justifica por razones de eficiencia, “pero el artículo avanza la hipótesis de que una distribución más igualitaria y pactada de antemano en un contexto imparcial anula esa justificación, porque la eficiencia no disminuye”, puntualiza Francés.

El diseño de mecanismos de deliberación y acuerdo imparcial es difícil, como señala la investigación, pero puede haber aproximaciones basadas en fórmulas de negociación colectiva, el uso de mecanismos digitales o simulaciones. A nivel social, el trabajo confirma la importancia de la participación en el acuerdo (y que el contexto del acuerdo sea imparcial) para incrementar el compromiso de la población con los principios acordados. “Esto es importante, por ejemplo, a la hora de tratar de incrementar el compromiso de las personas y organizaciones con los principios para una transición justa hacia la sostenibilidad”, argumenta Pedro Francés.

Pero, ¿puede tener repercusión el resultado del estudio en la elaboración de políticas públicas? Sus autores así lo creen. El artículo muestra que si las personas participan en la negociación imparcial donde se deciden los principios de dichas políticas, se activa una disposición mayor a cumplirlos “por convicción y sin necesidad de coacción”, explica el profesor de Filosofía de la UGR Pedro Francés. De nuevo, alerta el docente, “esto tiene dificultades en su traducción empírica, pero es un dato que los diseñadores de políticas públicas pueden tener en cuenta y traducirlo en términos de preparar mejor las políticas con ejercicios de deliberación, más transparencia, propaganda emocional que ayude a ponerse en el lugar de la otra persona o de las personas más desfavorecidas”.

Teoría institucional

El punto de vista tradicional en economía institucional defiende que la gente es oportunista (o interesada). Para explicar esta posición teórica, Pedro Francés utiliza el siguiente ejemplo: “Supongamos que entendemos que la desigualdad social es excesiva y además injusta –no justificable, porque está basada sobre todo en la suerte al nacer–. Si esto es así sería justo reducir la desigualdad, pero como la gente es oportunista, cualquier mecanismo de redistribución debe contar con que quienes tienen que renunciar a parte de sus beneficios van a tratar de evitarlo siempre que puedan. De modo que hay que obligarles mediante castigos. Los castigos son el mecanismo de incentivos basado en la presunción de oportunismo por antonomasia, aunque no el único”. Este estudio muestra que las personas no están abocadas a ese resultado, sino que un mecanismo de deliberación imparcial puede incrementar la adhesión a principios redistributivos.