Un guía acusado en el caso Alhambra afirma que los horarios de acceso al monumento eran "sagrados"
El acusado ha opinado que el sistema de compensación que se practicaba con los grupos era una "monstruosidad", pero el patronato público que gestiona el recinto debía conocerlo y nunca le sancionó por ello
Uno de los guías turísticos acusados por el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos a la Alhambra, Ezequiel R.G., ha garantizado que los horarios de entrada al monumento "eran sagrados" y ha opinado que el sistema de compensación que se practicaba con los grupos era una "monstruosidad", pero el patronato público que gestiona el recinto debía conocerlo y nunca le sancionó por ello.
La Fiscalía mantiene que los presuntos cabecillas de este fraude, varios miembros de una misma familia que han declarado días atrás ante el tribunal, aprovecharon las relaciones de amistad y profesionales que tenían con este acusado, "que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada", para llevar a cabo la trama delictiva.
Este guía y empresario, para el que la Fiscalía pide nueve años de prisión, ha confirmado que durante años llegó a representar al cien por cien de los grupos de turistas japoneses que acudían al recinto nazarí, dado que manejaba el idioma y tenía contactos con las agencias que gestionaban los visitantes de esta nacionalidad.
Empezó a trabajar con el principal acusado en esta causa, Francisco C.J., porque éste le pidió llevar a algunos de sus grupos y resultó ser "un buen guía", de modo que le fue sucediendo en esta labor con algunos de ellos.
Ha confirmado igualmente que utilizaba el sistema de compensación, por el que las entradas colectivas se dividían en varios grupos de turistas que entraban en momentos distintos, pero sin incumplir ni el número de personas ni el horario que se fijaba en la entrada.
Ha opinado que esta forma de organizar los accesos, por el que se imprimía una única entrada para un grupo de turistas, "era una monstruosidad", pero cree que debía tener conocimiento el Patronato de la Alhambra ya que de lo contrario "no se explica" que se llevara a cabo.
Así, ha dicho que nunca se le sancionó por usar el sistema de compensación y ha negado haber pagado "favores" a trabajadores del monumento para que hicieran "la vista gorda" en el control de accesos.
Además de ejercer como guía, Ezequiel era empresario y llegó a contar con siete tiendas de cerámica y taracea, aunque sostiene que, a tenor de su labor, los trabajadores del Patronato de la Alhambra tampoco podían haber desviado a turistas a su negocio.
Este empresario también tenía en alquiler el local donde se encontraba una de las agencias de viajes señaladas en la causa, Washingtong Irving Travel.
De esta empresa ha dicho que la administradora y también procesada María Pilar A.B. --cuñada del principal acusado-- manejaba la agencia de forma "autócrata y maligna" y que nunca le pagó nada.
Ezequiel también tenía en alquiler el local donde se implantó el restaurante en el que supuestamente consumían gratis trabajadores de la Alhambra a cambio de facilitar el acceso de turistas, extremo que ha negado, afirmando que este negocio "no se concibió ni ideó" para este fin ilícito.
Ha dicho por último desconocer la contabilidad de Daraxatour, la otra agencia de viajes investigada en la causa, a pesar de que durante unos meses figuró como administrador de la misma. Un papel que alega no haber ejercido.
EMPIEZAN LOS TRABAJADORES
Este viernes ha declarado también un trabajador procesado en la causa, Antonio S.O., que en el periodo en el que se investigan los hechos, de 2002 a 2005, era oficial de primera del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
El trabajador, ya jubilado, ha negado que en este tiempo se produjeran entradas de turistas por encima de los fijados en los billetes, a no ser que fuera por el sistema de compensación, y ha dicho no haber visto la venta callejera de tiques.
El juicio por esta supuesta trama delictiva, que sienta en el banquillo de los acusados a un total de 49 personas para las que se piden penas de entre cuatro y nueve años de cárcel, continuará el próximo lunes con la declaración de más trabajadores, entre oficiales y controladores.