Un juez investiga al alcalde de Alhama (PP) por posible prevaricación y negociaciones prohibidas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja (Granada) está investigando al alcalde de Alhama de Granada, el 'popular' Jesús Ubiña, por los posibles delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos por supuestamente dar cobertura legal a construcciones que no lo eran por estar vinculadas a proyectos de su estudio de arquitectura en su etapa de concejal de Hacienda en la localidad.

Así consta en el decreto de denuncia que interpuso la Fiscalía de Granada contra Ubiña, y el actual concejal de Urbanismo, Pablo Ariza, un documento que firma la fiscal delegada de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, Sara Muñoz-Cobo y al que ha tenido acceso Europa Press.

El Ministerio Público abrió diligencias de investigación por este asunto tras recibir la denuncia de un particular el 1 de junio de 2015 en la que se relataban una serie de irregularidades urbanísticas que se estarían perpetrando en el Ayuntamiento de Alhama de Granada, incluyendo una instrucción aprobada por el Pleno Municipal el 28 de septiembre de 2014, supuestamente con la finalidad de dar cobertura legal a construcciones ilegales que contravenían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por estar vinculadas sus licencias de obras y proyectos al estudio de arquitectura de los concejales de Urbanismo y de Hacienda en la localidad.

En la denuncia se destacaba asimismo el supuesto de la tramitación de un proyecto de actuación tramitado por la sociedad Agro Ingeniería Guerrero SL en relación a la construcción de una nave industrial situada en las parcelas 165 y 298 del polígono 17 del término municipal de Alhama de Granada, conforme al proyecto redactado por el concejal Delegado de Hacienda, Jesús Ubiña, quien compartía el estudio de arquitectura con el concejal delegado de Urbanismo, Pablo Ariza.

Tras haber sido denunciado en el Ayuntamiento el proyecto, al entender el denunciante que se vulneraba la legalidad urbanística y ser contrario el PGOU y al haber caducado la licencia de obras, ésta se volvió a solicitar el 29 de julio de 2014.

Así, se incoó entonces un expediente para la construcción de una nave agrícola e invernadero en la parcela 168 del polígono 17 con un proyecto redactado por el promotor, evitando, "según se dice en la denuncia", que apareciera el nombre del concejal de Hacienda. Constaba entonces la parcela 168, a pesar de que las obras se estaban realizando en las parcelas 165 y 298, ya que "éstas son de secano y no cumplen con la unidad mínima de cultivo".

A pesar de que la parcela tenía informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del secretario del Ayuntamiento se concedió licencia de obras en fecha 30 de septiembre de 2014.

Por todo, la fiscal delegada de Medio Ambiente, Sara Muñoz-Cobo, acordó la práctica de diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos y ofició al equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil para que elaborara un informe acerca de la posible relevancia penal en relación con los hechos denunciados, e incluso reclamó información al Ayuntamiento de Alhama y a la Gerencia Territorial del Catastro.

Para el Ministerio Público, existen en este caso indicios de un posible delito de prevaricación, prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio, delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, por lo que resolvió interponer denuncia contra Jesús Ubiña y Pablo Ariza, que ahora están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja.