Un nuevo fiscal anticorrupción investigará las facturas de UGT-A
El Ministerio Público ha nombrado a Fernando Soto como tercer delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, al objeto de que el mismo se haga cargo de la investigación correspondiente a las supuestas irregularidades descubiertas en la contabilidad de UGT-Andalucía con el presunto desvío de subvenciones públicas para gastos totalmente ajenos al objeto de dichas ayudas y el falseamiento de facturas para justificar el gasto de tales subvenciones. La causa en cuestión, como es conocido, está siendo instruida por la juez Mercedes Alaya.
Fuentes del Ministerio Público han informado a Europa Press de que el fiscal sevillano Fernando Soto ha sido asignado este mismo martes al departamento hispalense de la Fiscalía Anticorrupción, con la encomienda de encargarse de representar a la Fiscalía en las diligencias recaídas en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta del presunto desvío de ayudas públicas y el supuesto falseamiento de facturas para justificar las mismas descubierto en la UGT de Andalucía. El asunto, de momento, ha supuesto la dimisión de Francisco Fernández Sevilla como secretario general de UGT en Andalucía y su relevo a manos de Carmen Castilla.
Con el nombramiento de Soto, se atiende la demanda formulada la semana pasada por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, quien reclamaba la creación de una tercera plaza de fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla ante el incremento en el volumen de trabajo registrado en los últimos cuatro años en la delegación, con investigaciones tan voluminosas como el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía o los relativos a las empresas públicas 'Invercaria' y Mercasevilla.
Fernando Soto, quien hasta el momento estaba ligado a la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla, ha sido de hecho el encargado de representar al Ministerio Público en la investigación correspondiente a las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de 'Invercaria', la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía. Este caso en cuestión está siendo instruido por el juez Juan Gutiérrez Casillas, titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.
