Un Pleno ‘descafeinado’

El Pleno Municipal de marzo no pudo celebrarse el último viernes del mes puesto coincidía con Viernes Santo. Su celebración el último día de marzo, el 31, pareció contagiarse de esa santidad, en tanto en cuanto, todo transcurrió con mucha normalidad, sin controversias, con unanimidad –con una salvedad- y sin profundizar en temas candentes de la actualidad local como la Movilidad, los Presupuestos de 2016 o las convocatorias de macro botellones.

ECONOMÍA, HACIENDA Y SMART CITY

Sí que hubo en el orden del día puntos que despertaron cierto debate en este apartado, pero todo dentro de un ambiente bastante amistoso, como el de la ‘resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº 25’, es decir, la tasa de basuras.

Este punto se aprobó con 18 votos a favor, tras la desestimación de las alegaciones traídas por el grupo ‘Vamos, Granada’ que, según el concejal de Economía, Francisco Ledesma, “eran más propias de llevarse al área de Medio Ambiente que de una Ordenanza Fiscal”, al tratarse de “bonificar a aquellos establecimientos que usen bolsas biodegradables y a los que fomenten la venta de productos a granel”.

Lo meramente económico so tocó de manera superficial, ya que, en palabras del socialista Baldomero Oliver, “el mes que viene habrá que hablar de las Ordenanzas de 2017 y será el momento de tomarse el debate en serio”, porque “no quieren que se repita una deuda de 600.000€ por un servicio que no se ha recibido”.

No obstante, desde los grupos de izquierdas, insistieron en  que “se ajuste la tasa de basura a la realidad de las familias” y que “es injusto que pague más quien menos general”, como dijo Marta Gutiérrez de ‘Vamos, Granada’, y en que “quien más basura genera más tiene que pagar y quien haga más planes de reciclaje tiene que tener bonificaciones pero hay que tener cuidado con hacerlo por zonas”, como señaló Paco Puentedura de Izquierda Unida.

Ciudadanos, por su parte, seguía con su propuesta de “un nuevo criterio para que más familias granadinas puedan beneficiarse de la ‘tasa cero’ de recogida de basura”.

PERSONAL, SERVICIOS GENRALOS Y ORGANIZACIÓN

En este apartado, el concejal de Contratación, Juan Antonio Fuentes, quiso añadir una alegación sobre la marcha al punto 9 ‘Modificación de Plantilla’, ante la jubilación de dos trabajadores que dejaban libres dos plazas, una de auxiliar administrativo y otra de inspector de Policía, las cuales se “dejaron sobre la mesa” a petición de los grupos de oposición y se tratarán en otro Pleno”

MOCIONES

Aquí todo ocurrió de manera distendida, con alguna salvedad y las típicas de desavenencias dadas por las diferentes posturas, pero casi con constantes guiños y agradecimientos entre los grupos, puesto que la mayoría de las mociones de aprobaron por unanimidad.

La Moción Conjunta por la reapertura del Camino de los Ogíjares; Las Mociones Socialistas por los convenios urbanísticos pendientes de ejecución, la relativa a la adecuación de los diferentes Centros Comerciales Abiertos y la relativa a la ejecución de medidas contra la contaminación ambiental y acústica fueron bien acogidas por el equipo de gobierno, no sin alguna puntualización de Nieto que mencionó que “alguna le metía el dedo en el ojo” –chascarrillo que fue motivo de risas-, pero que eran muy válidas.

Las mociones del grupo de Ciudadanos sobre un acuerdo para favorecer la creación de empleo y otro acuerdo con la UGR para el uso de equipamientos de gimnasia biosaludable en parques, también se aprobaron por todos los concejales.

Incluso la Moción de IU para que la contratación pública del Ayuntamiento sea movida por criterios sociales y no meramente económicos también fue aprobada, aunque no por unanimidad.

La que no pasó el voto fue la Moción de ‘Vamos Granada’ “relativa a la sentencia del Tribunal Superior 5037/2015 de 23/11/2015 y, en concreto de aprobación de Ordenanza Fiscal del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable”.

El edil popular Sebastián Pérez dio respuesta a las palabras de Marta Gutiérrez: “Estamos ante una moción demagógica, engañosa, disparatada y políticamente inaceptable. Esta sentencia no crea jurisprudencia, es una sentencia del Supremo que ha creado para una ciudad de España y que no se sabe qué consecuencias va a tener para el resto. Es engañosa porque dice que va a haber una reducción del 25% del coste del agua. ¿Por qué ese porcentaje? ¿Dónde está el estudio? No diga que hagamos un reglamento por impago porque se hizo en 1991”.

Pérez añadió que es inevitable cortar el agua por impago, puesto que “es la única manera de garantizar el pago”, pero Marta Gutiérrez contrapuso que “se trata de que los procedimientos de corte en caso de impago se realicen mediante el Ayuntamiento”.

Baldomero Oliver, por parte del PSOE, reseñó que “este va a ser un debate que va a existir en los próximos años a causa de las tres resoluciones judiciales que se han producido” respecto a este tema.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Sin mayor incidencia, solo cabe destacar lo relativo a la Televisión Pública Municipal. Marta Gutiérrez de ‘Vamos, Granada’, preguntó por “la hoja de ruta para restablecer el servicio de la TG7 y sus plazos”.

El concejal de Economía, Francisco Ledesma, respondió que “los dos objetivos claros que se marcaron al respecto fueron tener una televisión acorde con la realidad económica de Granada y acorde a la idiosincrasia de una ciudad como Granada”.

Así, continúo Ledesma, “se ha llevado a cabo la contratación de  once trabajadores para cubrir la Semana Santa por un coste de 14.600€”, en el entorno de una serie de des contratos menores que “van a tener efectividad del 1 de abril al 31 de mayo” y que se llevan a cabo a través de la “empresa municipal Gegsa porque su techo de gasto es de 50.000€ y no de 14.000€ si se hiciera directamente por el Ayuntamiento”.

El edil popular profundizó y explicó que “con el contrato que tenemos llevamos a cabo retransmisiones en directo y emitimos programas de grabaciones y extras por un importe inferior a 50.000 euros”.

Por último, “a partir de septiembre se establecerá  un pliego de condiciones técnicas a concurso y se incluirá como condición la subrogación de los trabajadores”, concluyó Ledesma.

Marta Gutiérrez cerró la el punto con desconfianza: “”Hacer esto a través de una productora resta transparencia”: