Un tercio de las intervenciones en el Punto de Encuentro Familiar de Granada son por violencia de género
Este recurso ha atendido en 2016 a 432 menores con conflictos familiares y problemas
El Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Granada ha atendido el año pasado a 432 menores de edad, según el balance de este recurso público que gestiona la Consejería de Justicia e Interior y al que llegan por derivación judicial casos de progenitores e hijos en situaciones de conflicto y problemas de convivencia.
Según ha informado la Junta en una nota, el PEF constituye un espacio idóneo y neutral para garantizar el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicación y estancia de los menores con sus progenitores o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales.
Durante el pasado año, el Punto de Encuentro Familiar de esta provincia ha tramitado un total de 362 expedientes, de los cuales 74 eran nuevos y 38 se cerraron a lo largo de ese periodo por el equipo multidisciplinar que trabaja en el dispositivo.
La Junta de Andalucía puso en marcha en el año 2009 los Puntos de Encuentro Familiar, donde se facilita un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito, con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un período máximo de 18 meses, prorrogable mediante resolución del órgano judicial correspondiente.
Además, en estos recursos se ofrece orientación psicosocial individual y familiar para que las personas mejoren sus relaciones y superen la situación de conflicto familiar que motivó la derivación judicial a los PEF. Los PEF cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores, especialmente formados para la atención de casos de conflictividad familiar.
Para los casos de violencia de género, que originan en torno a casi un tercio de las intervenciones de los PEF, en estos recursos se adoptan medidas que evitan el contacto entre agresor y víctimas, además de fijar un protocolo horario que garantiza en todo momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a la persona investigada o penada.
