Un tercio de los municipios granadinos ignora una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz sobre contaminación acústica
De los 116 ayuntamientos que sí han respondido, sólo 98 han aceptado la recomendación de tomar medidas en aquellos locales de hostelería que ofrecen música en vivo o grabada sin contar con los requisitos
En el año 2014, con motivo de la presentación del Informe Anual al Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, dado que la comunidad soporta unos niveles de contaminación acústica superiores a la media nacional, anunció que iniciarían una actuación de oficio ante todos los municipios de Andalucía, con el fin de concienciar a los gobiernos locales de que no podían tolerar, y menos autorizar, la instalación de equipos de música pregrabada o la celebración de eventos de música en vivo, en aquellos locales que no reunieran los requisitos legales para este fin, algo que sí se estaba haciendo ya que lo corroboraban numerosos expedientes de quejas recogidos en años anteriores, según explica la institución en un informe.
De acuerdo con esa idea, el Defensor del Pueblo Andaluz envió una resolución a todos los Ayuntamiento de Andalucía en la que se incluían recomendaciones y sugerencias con el fin de que asumieran la responsabilidad de impedir que locales de hostelería violaran este derecho a la protección de la salud y al descanso, entre otros. “Tenemos suficiente experiencia para asegurar que las excepciones, no previstas en las normas, a las que se acogen algunos representantes municipales para dar respuestas a supuestas demandas sociales no son, en la práctica, más que la vía para permitir que algunos, muy pocos, titulares de establecimientos de hostelería campen a sus anchas, haciendo caso omiso de las protestas, reclamaciones y quejas de personas residentes en el entorno de estos establecimientos”, se puede leer en el informe del Defensor publicado en mayo de este año.
RESPUESTA DE LOS MUNICIPIOS GRANADINOS
Esta resolución llegó a los 170 ayuntamientos de Granada, de los que, según informa el Defensor, respondieron 116. Un total de 54 no lo han hecho.
De los que han respondido, han aceptado dichas recomendaciones y sugerencias 98 ayuntamientos (84,48%); Albolote, Motril y Salobreña han mostrado “discrepancias”; y 15 (Baza, Beas de Guadix, Bérchules, Escúzar, Güéjar Sierra, Marchal, Morelábor, Nívar, Otura, La Peza, Pinos Genil, Rubite, El Valle, Ventas de Huelma y La Zubia) han dado una respuesta que el Defensor define como singular “singular”.
Muchos de estos ayuntamientos se han defendido alegando que en su término municipal no existen locales de este tipo. Así lo han expresado: Almegíjar, Beas de Guadix, Bérchules, Cástaras, Escúzar, Gúejar Sierra, Marchal, Nívar, La Peza, Pinos Genil, Pinos Puente y Rubite.
Otros, sin embargo, entienden y aceptan la resolución, pero recuerdan al Defensor que no disponen de medios personales y técnicos para controlar esa situación. Así lo han manifestado en su respuesta: Cogollos de la Vega, Gobernador, Órgiva y Otívar.
LA CAPITAL, ‘Al DÍA’
El Ayuntamiento de Granada, que en 2014 aprobó la Ordenanza que regula la ocupación de la vía pública con terrazas, aceptó esta resolución emitida por el Defensor del Pueblo, pero matiza que “sus propias ordenanzas ya recogen estas exigencias”.
Además, el consistorio granadino, alega en su respuesta que han sido escasos, “por no decir inexistentes”, tanto las denuncias como los expedientes abiertos por estos motivos. Además, el Consistorio granadino expone que en 2002 comenzaron a realizarse los estudios acústicos en determinadas zonas de la ciudad, origen de lo que más tarde fue la regulación y creación de las denominadas Zonas de Prevención Acústica, en las que se establecían limitaciones en el sentido que apunta la resolución. Posteriormente, en 2008 se aprobó el Mapa Estratégico de Ruidos, y en 2013 “se zonificó acústicamente la ciudad”.
A continuación puede ver el cuadro resumen (tres imágenes) de las respuestas que ha recibido el Defensor del Pueblo Andaluz de los ayuntamientos de Granada:
ALBOLOTE, MOTRIL Y SALOBREÑA, DISCREPAN
El Defensor del Pueblo Andaluz, que en este estudio categoriza las respuestas, ha señalado que Albolote, Motril y Salobreña han mostrado “discrepancias” con esta resolución.
En el caso de Motril, aunque muestra su conformidad con la resolución, el Defensor califica su respuesta como discrepancia “pues del informe de los técnicos municipales de Medio Ambiente resulta que, sin perjuicio de proponer al Ayuntamiento la adopción de la resolución dictada, creen que sería necesaria una revisión del nomenclátor y del catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía (…) dado que no responde al extenso abanico de casuísticas y actividades que pretenden desarrollarse en el ámbito local y a las inquietudes de los emprendedores”, transcribe el informe del Defensor.
En el caso del Ayuntamiento de Salobreña, que también muestra su conformidad a las recomendaciones, considera que es de extrema gravedad que se “tilde a las Corporaciones Locales de Andalucía, de pasivas, disfuncionales, negligentes, permisivas y de total inactividad en la prevención y sanción de las conductas contrarias al Ordenamiento Jurídico vigente en materia de ruidos”.
Por su parte, Albolote también matiza en su respuesta la resolución. “Se hace referencia solo a la emisión de música pregrabada y las actuaciones en vivio, no quedando claro, al igual que en normativa, si es posible la autorización de equipos de reproducción sonora y/o audiovisuales tales como televisores. Esta falta de previsión legislativa genera inseguridad jurídica a la hora de interpretar las normas por los técnicos municipales por lo que se solicita que se legisle a tal efecto”, expone en su escrito el consistorio de la localidad.
