Un tribunal híbrido para romper el ciclo de violencia en República Centroafricana

República Centroafricana (RCA) ha sufrido un baño de sangre tras otro desde que se independizó de Francia. Las intrigas políticas propias de cualquier país se han plasmado en golpes de Estado que apenas han dejado espacio a los gobiernos democráticos. Nadie ha sido juzgado por estos crímenes, al menos hasta ahora. La ONU y el Gobierno ultiman la puesta en marcha de un tribunal híbrido para acabar con esta impunidad.

En 2014, el Gobierno interino de Catherine Samba-Panza pidió ayuda a Naciones Unidas para crear un tribunal encargado de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado provocado dos años antes por el golpe de Estado de la alianza rebelde Séléka, de mayoría musulmana, contra el entonces presidente, François Bozizé, y la posterior lucha sectaria entre el Ejecutivo Séléka y las milicias cristianas anti-balaka.

Un año después, Samba-Panza promulgó la ley que crea el Tribunal Penal Especial para República Centroafricana (TPE), integrado en el Poder Judicial del país pero con participación de jueces, fiscales y abogados internacionales y con el apoyo logístico y presupuestario de la ONU a través de su misión en RCA, la MINUSCA, y de su Programa para el Desarrollo, el PNUD.

El TPE nace con el mandato de "investigar y perseguir las graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas en República Centroafricana desde el 1 de enero de 2003, tal y como están definidas en el Código Penal de RCA y conforme a las obligaciones internacionales de RCA, esto es, genocidio y crímenes de guerra y contra la Humanidad".

Aunque la historia criminal es larga, el TPE fija como punto de partida 2003. "Es cuando comenzó el actual periodo de violencia, después del golpe de Estado" con el que Bozizé arrebató el poder a Ange-Félix Patassé aprovechando su ausencia de República Centroafricana para asistir a una cumbre regional en Níger, cuenta a Europa Press Dieudonné Detchou, sustituto internacional del fiscal jefe del TPE.

Detchou considera que, si bien no abarca todas las atrocidades cometidas en la historia de RCA como país independiente, hay materia suficiente. "Solo desde 2010 ha habido al menos nueve conflictos armados en territorio centroafricano", casi uno por año, "que han enfrentado a las fuerzas gubernamentales con grupos armados, a grupos armados con grupos armados y a grupos armados con fuerzas extranjeras", recuerda.

Para Detchou, la importancia del TPE reside en que supone un punto de inflexión respecto a la respuesta que las autoridades centroafricanas y la comunidad internacional han dado a las masacres perpetradas en República Centroafricana. Ha habido otros tribunales, comenta, pero sus actuaciones siempre han quedado sepultadas por leyes de amnistía. "Es la primera vez que se crea un tribunal para acabar con la impunidad", valora.

JUZGAR EN MEDIO DE LA VIOLENCIA

El principal reto del TPE es sobreponerse a la violencia que aún impera en RCA. El ascenso al poder de los insurgentes de Séléka suscitó el despliegue de tropas francesas y de la Unión Africana para restaurar el orden. Después llegaron los 'cascos azules' de la MINUSCA para mantenerlo. Y Samba-Panza inició en 2014 una transición política que permitió restaurar el hilo democrático con la victoria electoral de Faustin-Archange Touadéra.

Técnicamente, la guerra civil duró solo dos años, desde el alzamiento rebelde hasta la designación parlamentaria de Samba-Panza. Pero la realidad sobre el terreno es muy distinta. Una vez desalojados del Gobierno, los Séléka protagonizaron con los 'antibalaka' una violencia de corte religioso que todavía persiste. En mayo, un ataque contra una iglesia cristiana situada en las inmediaciones del PK5, el barrio musulmán de Bangui, dejó 16 muertos.

Según datos de ACNUR, hay unos 600.000 refugiados centroafricanos y otros 700.000 desplazados internos. Se calcula que miles de personas han muerto, pero no hay balance oficial. "Ya son demasiados crímenes. Se ha matado a gente como nunca antes. Debemos hacer que los responsables rindan cuentas", dice Jean, un abogado centroafricano, citado en un reciente informe de Human Rights Watch (HRW).

Actuar en este clima de violencia "es un gran desafío", reconoce Detchou. La seguridad de los trabajadores del TPE está garantizada por la MINUSCA. Con los expertos internacionales es fácil, porque residen en Bangui, bastión del poder institucional en RCA. En cambio, los empleados locales, dispersos por todo el país, han tenido que concentrarse en la capital centroafricana.

"No hemos tenido ningún problema porque nuestra seguridad está garantizada por los militares. El personal del TPE está seguro. Yo me siento seguro", afirma Detchou. No obstante, reconoce que "las condiciones en el país no son cien por cien seguras porque la violencia continúa". "El Gobierno no controla todo el territorio", enfatiza.

PIES DE BARRO

El TPE tiene ante sí una tarea mayúscula por la entidad de los delitos a juzgar y por el tiempo y los recursos de los que dispone para hacerlo.

En primer lugar, señala Detchou, el TPE tendrá que decidir a qué hechos presta atención. "Hay que tener en cuenta que se han cometido muchos crímenes en República Centroafricana y que tanto el Tribunal Penal Internacional (TPI) como los tribunales centroafricanos tienen jurisdicción sobre estos crímenes", explica.

La Haya, que ya tiene dos investigaciones abiertas sobre la violencia en RCA y un icónico fallo contra Jean-Pierre Bemba que fue anulado en la fase de apelación, se ocupará de los casos más graves. El TPE, en un segundo escalón, recogerá los que hayan escapado al alcance del TPI, mientras que los tribunales centroafricanos asumirán los restantes.

"Tenemos cinco años, que pueden prorrogarse, pero solo cinco años", se queja Detchou. Este lustro debe ser suficiente para investigar y procesar los crímenes cometidos durante los últimos 15 años, lo cual "te obliga a darte prisa pero cumpliendo los más altos estándares de Justicia". "Creo que el plazo tendrá que ampliarse", asume.

Para todo ello, la ONU estima que necesitará un presupuesto anual de entre 10 y 13 millones de dólares. En 2018, ya hay una brecha del 50 por ciento: de los 10,7 millones de dólares requeridos, los donantes internacionales --Estados Unidos, Países Bajos y Francia-- han aportado 5,1.

A unas investigaciones "caras" se suma el derecho a la reparación que tienen las víctimas. "La mayoría de la gente con la que nos hemos reunido quiere una compensación económica y en este momento no hay financiación (...) Va a ser muy difícil que la consigan", lamenta Detchou. De momento, el TPE contempla indemnizaciones simbólicas.

"CONVENCER" A LOS CENTROAFRICANOS

Tras años de frustración acumulada, el verdadero reto es "convencer" a los centroafricanos de que el TPE hará su trabajo. "Durante décadas, en este país se han cometido crímenes que nadie ha juzgado y por eso los criminales de hoy son las víctimas de ayer", cuenta a HRW Pierre, representante de una asociación de víctimas.

Ya "ha sido muy difícil convencer a todos los actores" --Gobierno y partidos políticos-- para que aprobaran las normas de procedimiento del TPE. Ahora, tras tres años de preparativos, solo queda que el Tribunal Constitucional dé el visto bueno para que abra sus puertas. "Será pronto", augura Detchou.

Si el resultado es satisfactorio, tendrá un "carácter reeducativo", confía Jean. "La gente aprenderá que este tipo de actos tienen consecuencias", recalca el letrado centroafricano. Sus efectos, añade Dectchou, trascenderán RCA: "Será un buen ejemplo" porque "en muchos países africanos personas que han cometido crímenes similares no han rendido cuentas".