Unanimidad parlamentaria y poco más
El Parlamento andaluz se ha pronunciado a favor de la capitalidad judicial de Granada. El consejero de Justicia se ha pronunciado en la misma sesión en el sentido de que no existen razones objetivas para la dispersión de sedes y hasta la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en un reciente mitin de los socialistas comprometió su apoyo al espíritu del Estatuto. Antes, se habían manifestado así los representantes de la Administración autonómica en la provincia. ¿Por qué, entonces, continuamos intranquilos y a la expectativa del día en que por la cara se lleven las secciones de lo Pena a Málaga y Sevilla si llega el tan temido día?
La organización y ordenación de las sedes judiciales es competencia autonómica. Debería bastar un pronunciamiento de tal calibre como el que ha hecho la presidenta y el consejero de la cosa. Una decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que repercuta en la tesorería de la Junta -y la dispersión de las sedes lo hace porque necesitaría de la correspondiente dotación presupuestaria- debe contar con el consenso del Gobierno andaluz.
En una provincia y ciudad muy quemadas por todo lo que 35 años de autonomía nos ha birlado en cuanto a influencia, presencia, simbolismo… la Junta se ha apresurado a pronunciarse a favor de Granada. Por una vez, en los despachos nobles de Sevilla ha habido sensibilidad ante las noticias que llegaban de Granada, donde la desafección autonómica crece en decibelios tras los episodios de este último año, léase hospitales y metro.
Pero toda la argumentación anterior serán fuegos de artificio si en la decisión final del CGPJ pesa la amplia mayoría que votó a favor de la dispersión. Hay en Sevilla y Málaga algunos magistrados que aspiran a su proyección profesional, cosa muy legítima, pero sin moverse de sus pisitos en primera línea de playa o con vistas a la Giralda. Que les lleven las secciones a su casa, que eso de ascender pero teniendo que venir a Granada ni es ascenso ni es ‘ná’… Y luego están los procuradores y abogados y su negocio si se llevan para allá las secciones nuevas. Defender desde aquí este reparto que formó parte del pacto por el que salió adelante el referéndum de iniciativa autonómica en Sevilla lo llaman localismo. Ellos no hacen localismo, a ellos les caen las cosas como a L’Oreal: porque yo lo valgo. Es lo que tiene esto de las autonomías cuando se construye un artificio sin otro soporte social que el mapa.
Todo suena a difuso porque difusa es la decisión: la Junta puede manifestarse con rotundidad porque no es la Junta la que decide; el Consejo del Poder Judicial se lavará las manos porque se sentirá obligada por tan localista votación; las localistas ‘fuerzas vivas’ de Málaga y Sevilla se encogerán de hombros: a nosotros que no nos hablen de pactos, pues los pactos solo obligan a quienes los acuerdan y ese pacto sería cosa de los políticos de entonces; los políticos de ahora dirán que han hecho lo que han podido y buscarán la forma de endosarle las culpas a los de enfrente… Capitalidad jurídica: entre todos la habrán matado y ella solita se habrá muerto.
