Unas ordenanzas fiscales 'refrigeradas'

Justo cuando el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Granada, Francisco Ledesma, defendía ante la oposición su propuesta de ordenanzas fiscales, basadas en la congelación según su versión de los impuestos a los ciudadanos, los que se estaban quedando helados eran los asistentes al pleno de octubre -periodistas incluidos- porque el aire acondicionado acababa de comenzar a funcionar.

Con solo una parte de los corporativos conscientes de la situación, la temperatura del salón consistorial en el ambiente ha servido también para marcar la actitud de unos y otros. El PP se ha bastado en todo momento de su mayoría absoluta -con 15 ediles- para sacar adelante todo cuanto se le ha antojado o, rechazar llegado el momento, lo que no ha creído conveniente. Con una oposición ‘congelada’, la actitud del Gobierno se limita a un debate que, salga por donde salga, siempre suele acabar en el mismo sitio.

Así ha ocurrido con la propuesta de tasas e impuestos que los ciudadanos deben abonar en el próximo ejercicio, con un debate entre si se han congelado o no y que ha derivado incluso en el sueldo que percibe el edil socialista Baldomero Oliver en sus tareas como profesor universitario.

Ledesma ha insistido hasta la saciedad de que las cuentas provocan una mejora en las bonificaciones no solo a los ciudadanos, sino a las empresas incluso a aquellos emprendedores que quieran iniciar una actividad en su domicilio. Del mismo modo, el concejal ‘popular’ ha rechazado no cobrar la basura a la Universidad de Granada, al acusarla de deber aún 2,8 millones de euros. Antes de votar, y con el tiempo sobre la bocina, la intervención del edil del área económica municipal ha sentenciado a los concejales oponentes: “Que sepan los ciudadanos que votan en contra de la congelación del IBI y de las bonificaciones”.

Antes ha tocado el turno a los tres grupos municipales, que han empleado sus ocho minutos de intervención en tratar de desmontar las teorías del PP, aunque no siempre con éxito. Así, el homólogo a Ledesma pero en el PSOE, Baldomero Oliver, ha recordado que la actualización del IPC ya implica en sí misma una subida de impuestos para los ciudadanos. También ha acusado al Gobierno local de hacer un regalo a los bancos sobre el alquiler social que ya aplican y le ha acusado de faltarles intención de “sentarse a oír”.

Un poco más a su derecha, en el antepenúltimo asiento para concejales, el portavoz del Grupo Municipal de IU, Francisco Puentedura, ha anunciado que presentará alegaciones a estas tasas que han ido en aumento de una forma “abusiva e injustificada” en algunos casos y lamentando que el PP no haya eliminado el incremento del 10 por ciento para 2014 que fue impuesto desde el Gobierno central. Obstinado con el que él denomina “catastrazo”, Puentedura ha censurado que desde el equipo de gobierno digan que están adaptando criterios sociales para las ordenanzas.

La primera en intervenir ha sido la edil de UPyD, Mayte Olalla, quien ha acusado al PP de traspasar a la ciudadanía los efectos que ha provocado su “mala gestión” en el Ayuntamiento con “mentiras o medias verdades”. La concejal ‘magenta’ ha cifrado en un 45 por ciento la subida de la tasa de basura que se producirá hasta 2017, así com una subida del IBI para 2016 “a quien le toque”. Otro de los puntos censurables de las ordenanzas fiscales de 2014 es las bonificaciones a familias numerosas porque “no es progresivo sino regresivo”.

A VUELTAS CON EL DESTINO DEL DINERO DE EMUCESA

Otro de los puntos que más debate ha generado -no en tiempo sino en la forma- ha sido el relativo a una modificación del presupuesto por suplemento de crédito, que ha derivado en precisar en qué se invertirá el dinero generado a raíz de la venta de acciones de la Empresa Municipal del Cementerio y Servicios Funerarios (Emucesa).

Así, Puentedura (IU) ha predicho que el modelo de gestión que el PP desarrolla en el Ayuntamiento provocará que el municipio se quede sin patrimonio municipal, al haberlo ido vendiendo estos años: “¿Qué será lo próximo?”, se ha preguntado el concejal, que ha lamentado que el dinero que se genera por la venta de acciones como las de Emucesa no repercuta en más servicios a los ciudadanos sino en el pago de facturas y deuda que el propio Gobierno local ha ido acumulando estos años.

En la misma línea se han pronunciado tanto Mayte Olalla (UPyD) como Baldomero Oliver (PSOE), si bien, la concejal ha acusado al Gobierno local de vender “la piel del oso antes de cazarla”, algo que le ha costado la calificación de “ridículo” por parte de Ledesma, al recordarle que todos los procedimientos con Emucesa ya se han llevado a cabo. El socialista, por otra parte, ha considerado que este dinero se destinará en parte a pagar la deuda con la extinta Resur: “Ha quedado claro que cada vez que el PP nos pide confianza hay que hacer todo lo contario”.

Ante estas acusaciones, el concejal de Economía ha recordado que esta cuantía no es para Resur, al haber suscrito un convenio con la Diputación de Granada, y ha lanzado una pregunta a la banca contraria: “¿Cuál es el problema? Cuando pagamos, porque pagamos; y cuando no pagamos, porque no pagamos. Dígannos qué hacemos entonces”.

El pleno, que se ha prolongado hasta poco antes de las 14.30 horas, ha rechazado las propuestas de la oposición vinculadas a la inclusión de Granada en la red de juderías o habilitar medidas para los comercios del centro que se ven afectados por la conclusión del contrato de renta antigua desde el 31 de diciembre. El PP también ha rechazado la propuesta de IU de destinar el 0,7 por ciento del presupuesto municipal a la cooperación internacional.

Pese a que el Reglamento Orgánico Municipal varió su articulado con la intención, entre otros, de reducir la duración de los plenos, el de este viernes en el Ayuntamiento de Granada se ha prolongado por más de cuatro horas. Y aun así hay quien, entre el público, contempló la sesión entera, pese a quedar congelados por momentos.