Unidas Podemos pide la elaboración de un plan especial de vigilancia para los VTC

El portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes pedirá en el próximo Pleno que el Ayuntamiento de Granada elabore un plan especial de vigilancia para los VTC que proteja al sector del taxi. La moción denuncia que "el modelo liberal feroz que trae el decreto de la Junta de Andalucía hace un traje a medida para las multinacionales" y "hieren gravemente a un sector como es el taxi que aglutina a miles de familias de Granada".

El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha señalado que, según habrían denunciado los taxistas a UP, "existen 197 licencias de VTC operando en Granada mientras que las licencias de taxi son 562, lo que supone un incumplimiento de la normativa que establece que la proporción entre taxis y VTC debe ser 1-30". "Nos encontramos con una proporción de 1-3, además del hecho de que, según nos informan la Gremial y Élite Taxi, en múltiples ocasiones operan en la ciudad muchos más VTC que se desplazan de ciudades cercanas como Málaga. Estamos ante una competencia desleal atroz", sostiene la formación.

Se trata, ha explicado Cambril, de "proteger a trabajadores y a autónomos que están bajo una regulación muy estricta como es la del taxi" y , por ese motivo, "queremos asegurar que el Ayuntamiento cumpla su deber de vigilancia exhaustiva con los vehículos de VTC a los que la Junta ha permitido convertir la competencia en la ley de la jungla".

El portavoz ha señalado que "para proteger al sector del taxi, la primera obligación del Ayuntamiento de Granada es el control y la sanción de los incumplimientos por parte de las VTC". Esto pasa por, ha manifestado, "diseñar un plan especial de vigilancia por parte de la policía local que realice un seguimiento específico a las principales infracciones denunciadas por la Gremial y Élite Taxi, como son la circulación de los VTC en búsqueda de clientes o la obligación de mantener una distancia de 300 metros de estaciones de tren, bus y aeropuertos, y de 150 metros de centros hospitalarios, sedes judiciales y hoteles".

Desde UP han señalado que en el propio Decreto se insta a los Ayuntamientos a que vigilen el cumplimiento de la normativa, lo que en opinión de Cambril "abre un campo de juego al tiempo que se batalla para modificar el documento de la Junta y que pueda nacer uno que cuente con el consenso de taxistas y consumidores".

El portavoz ha informado de que, también, la moción en defensa del taxi que será presentada al pleno plantea, en primer lugar, que el Ayuntamiento muestre su apoyo al sector del taxi y lo declare de forma expresa como "público y de interés general". También pedirá el posicionamiento del Consistorio y que declare "que considera negativo el contenido del decreto 8/2022 por ser un texto que no cuenta con el apoyo del taxi ni de las asociaciones de consumidores".

En tercer lugar, ha subrayado Cambril, "se instará a la Junta a reformar dicha norma contando con los citados actores" y, principalmente incluyendo reclamaciones como "establecer un tiempo de amortización de licencias de VTC para ir paulatinamente reduciendo el número y llegar al ratio de 1-30; establecer un tiempo mínimo de 15 minutos para la contratación del servicio y dar competencia a los ayuntamientos y consorcios para fijar un precio máximo del servicio".

Cambril ha recordado los antecedentes a esta problemática y se ha remontado a 2018, cuando el Gobierno de España, mediante un Decreto Ley, establecía una moratoria de cuatro años (cumplida el 30 de septiembre de 2022) a las comunidades autónomas para que regulasen las autorizaciones de licencias para VTC. "En aquel momento -ha dicho- la proporción establecida era de 1 licencia VTC por cada 30 de taxis aunque la normativa no estaba implementada por lo que los VTC se multiplicaron sin freno pese a las reclamaciones constantes de las asociaciones de taxistas". "Sus quejas se basaban en el temor de que sucediese lo que al final vemos, que existe un número desbocado de VTC y no hay marcha atrás a consecuencia del decreto de la Junta".

"La consejería de la candidata en la sombra a la alcaldía de Granada del PP, Marifrán Carazo, ha lanzado un decretazo que no ha sido consensuado con taxistas ni asociaciones de consumidores", ha afeado Cambril, quien ha citado, precisamente, las declaraciones de Facua sobre el asunto en las que aseguran que "el documento no refleja los derechos que tienen los usuarios a la hora de usar estos medios de transporte".

El portavoz de UP ha continuado señalando que "algunas de las propuestas del sector del taxi quedan sujetas al desarrollo reglamentario que se hará a partir de ahora como, por ejemplo, la regulación de precios abusivos al no estar sujetos los VTC a una tarifa administrativa máxima como ocurre con los taxis. Con lo cual tienen absoluta libertad". El concejal ha agregado que "el sector del taxi queda herido y sus quejas son más que justas" y ha señalado que, según los datos proporcionados por la Gremial, en Andalucía tan solo existen cuatro inspectores lo que hace imposible el control de las VTC.

"Estos trabajadores por cuenta propia y sus empleados", ha recalcado, "pagan sus impuestos en España y no en Jersey o Delaware, y ayudan a sostener las pensiones, la educación o la sanidad. En definitiva el estado del bienestar que disfrutamos". Cambril ha afeado que "en nombre de una libertad de mercado malentendida, el sector del taxi sufre una desventaja atroz frente a las VTC, con lo cual se impone la ley de la selva". El portavoz ha querido recordar que "estamos ante el peligro de que el taxi sufra el mismo destino que las pequeñas tiendas de proximidad tras la proliferación de los gigantescos centros comerciales", ha finalizado.