UPyD exige una solución para los 32 discapacitados que quieren desahuciar del centro de Huerta del Rasillo

Mayte Olalla, concejal y portavoz del grupo municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Granada, considera que es “imprescindible” dar una solución al problema de la residencia de la Huerta del Rasillo, que va a desaparecer después de casi veinte años en funcionamiento y cuyos 32 ocupantes serán distribuidos a otros centros asistenciales de Granada. Olalla se opone a esa medida, que significa “desarraigar” a unas personas, en algunos casos grandes dependientes, que llevan mucho tiempo viviendo juntas allí y que forman “una gran familia”.
El centro, que en su día fue calificado un modelo de gestión, se va a pique porque la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (CANF), a la que la Junta le concedió la gestión, está en concurso de acreedores desde finales de 2013. Pesa sobre ella la sospecha de haber cometido fraude con el dinero público que recibía. Su contrato de explotación no ha sido renovado.

La consecuencia es que los 40 empleados de la Huerta del Rasillo probablemente se irán al paro, cosa que por supuesto disgusta a UPyD, y que los discapacitados serán distribuidos entre otros centros. El delegado de Igualdad de la Junta en Granada, Higinio Almagro, sólo se ha comprometido a que sean dentro de Granada. En cuanto a los empleados, no puede asegurar que sean absorbidos por las plantillas de esos centros.

Mayte Olalla entiende que los grandes perjudicados, además de los empleados, son los dependientes, unas personas que durante años han abonado con sus pensiones el 75% del coste de su estancia en Huerta del Rasillo, que durante todo este tiempo “han formado una gran familia que ahora tiene que separarse” y que en ningún caso tienen que pagar los platos rotos de una mala gestión.

UPyD entiende que, al estar construido el centro en suelo municipal, una solución pasaría por que el Ayuntamiento sacar a concurso cuanto antes la explotación del centro para que una empresa solvente se haga cargo de la misma. “Ayuntamiento y Junta deben unir esfuerzos para encontrar una solución que no pase por desmantelar la Huerta del Rasillo”, insiste.