UPyD propone devolver las competencias sanitarias al Estado
Fernando Gracia ha precisado que esta propuesta no es una novedad en UPyD, “llevamos desde nuestro nacimiento, hace ocho años, con este ofrecimiento”
El cabeza de lista de UPyD al Congreso de los Diputados por la provincia de Granada, Fernando Gracia, ha presentado su programa electoral basado en 50 medidas en materia sanitaria. Aboga por la devolución al Estado de las competencias en Sanidad con el fin de reinstaurar un sistema sanitario común en todo el territorio nacional (Plan Nacional Integrado de Salud), basado en los principios de eficacia y calidad. Propone “un pacto por la sanidad, similar al Pacto de Toledo sobre la Seguridad Social, que aleje la sanidad de la disputa política y, mientras tanto, la creación de una tarjeta sanitaria única para todo el territorio nacional, que permita el pleno acceso al Sistema nacional de Salud, en cualquier lugar del territorio nacional y en igualdad de condiciones”.
Gracia ha precisado que esta propuesta no es una novedad en UPyD, “llevamos desde nuestro nacimiento, hace ocho años, con este ofrecimiento”. “Es necesaria una mayor colaboración entre las CCAA para unificar criterios y compartir procedimientos, como “establecer un calendario vacunal único para todo el país, planificación sanitaria para potenciar la atención primaria y la atención a crónicos”.
El candidato de la formación magenta ha manifestado que las listas de espera son un verdadero un problema para los ciudadanos y ha lamentado que en la provincia de Granada tengamos cerca de 11.000 pacientes en lista de espera, algunos casos hasta un año. De esa cifra, más de 3.000 esperan someterse a intervenciones frecuentes. “Desde 2.010, año en que finalizaron las obras del Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), la Junta de Andalucía nos ha demostrado que la sanidad granadina no es su prioridad y no tiene capacidad para administrar esta infraestructura”. También ha exigido la apertura del hospital de Loja. Para solucionar este problema propone “establecer tiempos máximos en todos los procedimientos, diagnósticos y quirúrgicos, que se harán públicos periódicamente y serán fijados por el Ministerio de Sanidad, siendo de obligado cumplimiento por parte de las autonomías”.
