UPyD recurre el decreto que abre el proceso de conversión de 30 laborales fijos en funcionarios

El grupo municipal de UPyD ha dado un paso más en su batalla contra el proceso abierto por el Ayuntamiento de Granada para convertir en funcionarios a treinta laborales fijos. Lo ha hecho interponiendo un recurso potestativo de reposición contra el decreto municipal que aprobó las bases y la convocatoria, al entender que no se ajustan en absoluto a los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades que deben acompañar a todo procedimiento de acceso a la administración pública.

La concejal y portavoz del grupo municipal de UPyD, Mayte Olalla, ha dejado claro que no está en desacuerdo con que el personal tenga derecho a un ascenso, pero sí con las formas que se han elegido para esta ocasión. A su juicio, el Ayuntamiento ha ideado este proceso como “un mero trámite” para convertir en funcionarios a 30 personas que ahora son laborales fijos, algunos de los cuales, recuerda, llegaron a ese puesto sin pasar la oposición legalmente establecida.

Entre otros argumentos para recurrir, UPyD menciona que esas bases, que contemplan un proceso selectivo de concurso-oposición, “no incluyen la realización de ejercicios ante el tribunal, ni en el temario se respetan los contenidos mínimos establecidos legalmente ni en las materias comunes, ni en las específicas, ni en el número mínimo de temas objeto de examen”.

“En la fase de oposición sólo se completa –añade el recurso- la ejecución de un trabajo sin que se prevea realización de prueba objetiva con control del tribunal”. Nada garantiza, además, que ese trabajo que se presenta haya sido realizado por la persona que opta a la plaza.

Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento rechace este recurso, UPyD solicita también que se declare la suspensión de la ejecución del acto impugnado “por concurrir la circunstancia de causar perjuicios de imposible o difícil reparación a los concursantes si se continúa con dicha convocatoria, que podría ser susceptible de anulación posterior”.

En ese sentido, Rafael Romero Garzón, asesor jurídico del grupo municipal de UPyD, avisa de que si el Ayuntamiento mantiene en marcha ese proceso y convierte en funcionarios a estos trabajadores, los puede “meter en un berenjenal” porque ya hay “muchas sentencias que han declarado nulos esos procedimientos y han anulado las bases”. Romero ha dejado claro que esta medida no va contra los trabajadores “sino contra la política errónea y errática de un equipo de gobierno que está haciendo las maletas, porque le queda poco tiempo”.

El abogado ha anunciado también que UPyD utilizará “todos los recursos políticos y legales” a su alcance para que “quede sin efecto esta barbaridad”. De hecho, si el recurso ahora interpuesto fuera denegado, el siguiente paso será ir a la vía del Contencioso-Administrativo.

Asimismo, UPyD ha pedido a las administraciones autonómica y central que informen de si revisaron las bases reguladoras de esta oposición cuando el Ayuntamiento, como es preceptivo, se las notificó, y si en ese caso piensan iniciar alguna acción en defensa de la legalidad. La ley otorga a ambas administraciones la posibilidad de anular actos no ajustados a derecho, como podría ser el caso.

Tanto Rafael Romero como Mayte Olalla han subrayado que hay sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional que establecen que no se pueden obviar ciertos pasos y que no es posible aprobar una oposición de este tipo sin superar una prueba objetiva. “No dudamos de la capacidad de quienes se presentan, pero tendrán que demostrarla mediante un examen objetivo, igual para todos”, insiste la concejal.