Urbanismo afronta el pago de unos 16 millones de euros a una constructora por incumplir un convenio

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada ha acordado con una constructora con la que incumplió un convenio durante el mandato del PP el pago de unos 16 millones de euros al que está obligado por sentencia firme, prorrateándolo a razón de alrededor de 1,1 millones de euros al año hasta 2027, mientras que el resto lo hará mediante cesión de suelos.

Según ha informado el portavoz del actual equipo de gobierno local, Baldomero Oliver, se ha optado por "evitar" que este pago fuera "de ejecución inmediata", evitando el pago "de hoy para mañana", lo cual habría conllevado acudir al Fondo de Compensación de Hacienda.

El Ayuntamiento ha tenido que solventar, según ha agregado Oliver, "otro desaguisado más del mandato anterior del PP" con José Torres Hurtado al frente, tras haber agotado "todas las vías" que estaban a su disposición en las vías administrativa y judicial.

Abonará a la constructora perjudicada unos diez millones de euros durante los próximos nueve años, en virtud del punto que se lleva a la Junta de Gobierno Local de este viernes para la "aprobación de acta de pago y ocupación con la mercantil Construcciones Vargas e Hijos S.L. de la expropiación forzosa de parcelas situadas en el Plan Parcial PP-O3 Ferrocarril-Chana".

Toda vez que el primer pago se hará este próximo año 2019, esta cuestión "complica la elaboración del presupuesto" que se ha de negociar con los grupos municipales de la oposición, ha reconocido el también concejal de Economía, en referencia a esta nueva dificultad para "cuadrar las cuentas" del Ayuntamiento.

ANTECEDENTES DEL CONVENIO

Se trata del Plan Parcial O3, donde se desarrollaron una serie de viviendas por parte de un promotor que cedió al Ayuntamiento de Granada unas parcelas que resultaron no ser suyas, tal y como demostró el propietario, y que fueron incluidas erróneamente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbano y calificadas como Sistema General de Espacios Libres.

Así, en julio de 2005, el dueño de estos terrenos, la mercantil Construcciones Vargas e Hijos, solicitó al Ayuntamiento el inicio del expediente de expropiación de estas parcelas de su propiedad, las cuales no pretendía desarrollar.

Transcurrido el plazo legal sin que el Ayuntamiento incoara el expediente --que la mercantil consideró hecho por prescripción legal-- la empresa realizó los trámites oportunos para que se fijara el justiprecio de las parcelas, que la Comisión Provincial de Valoraciones fijó en 13,2 millones de euros.

El Ayuntamiento lo recurrió, pero se desestimó en la vía administrativa y el asunto fue objeto de un proceso judicial. No obstante, consistorio y empresa acabaron acordando que el pago se hiciera en especie, lo que fue objeto de un convenio que ponía como condición que el proyecto de reparcelación de los terrenos se inscribiera en el Registro de la Propiedad, lo que de no conseguirse supondría la resolución del convenio.

El Consistorio nunca llegó a registrar el proyecto de reparcelación y tampoco cumplió con el pago en especie a la constructora, que en base a lo pactado consideró que estos acuerdos quedaban sin efecto y volvió a solicitar, el 13 de mayo de 2010, que se le abonaran los 13,2 millones de euros más los intereses.

El Ayuntamiento no respondió a esta solicitud y la constructora estimó que este silencio administrativo tenía carácter positivo, por lo que interpuso un recurso contencioso administrativo que fue estimado por el Juzgado.

Aunque el Ayuntamiento de Granada recurrió la sentencia inicial, procedente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo desestimó, como también hizo el Supremo.