Vamos, Granada denuncia un desahucio en una vivienda pública de Granada

Los hechos tratan de una mujer residente de Granada con una hija menor de edad, familia monoparental; adjudicataria de una vivienda pública de la Junta de Andalucía, que tiene sentencia firme de desahucio y se encuentra a la espera de la orden de lanzamiento. Pilar Rivas considera que su estado de indefensión no reside únicamente en el hecho de que vaya a ser desahuciada de una vivienda pública, sino que no tiene a disposición una alternativa habitacional ya que tan sólo ha recibido por parte de las instituciones promesas vagas y muy temporales, como el alojamiento en un piso compartido de una entidad social de la ciudad por un tiempo de 3 meses y una ayuda económica de emergencia por valor de 900€ -la proporcionada en cualquier caso de desahucio-.

El desahucio parece que se va a llevar a cabo por una irregularidad en la concesión de la vivienda que se realizó mientras la mujer se separaba de su pareja. La concejal Pilar Rivas explica que la Junta de Andalucía ha comenzado a recuperar ahora su parque de viviendas después de años de dejadez que han dado como resultado altos niveles de deterioro, tanto del parque de viviendas como el hábitat y convivencia vecinal, con más de 5.000 viviendas en el Distrito Norte de las cuales, según los datos cruzados del Instituto nacional de estadísticas, quedan constancia de más de 1000 viviendas sin ocupar y se ha decidido recuperar la del caso que exponemos”.

Para el correcto abordaje de vivienda, la concejal considera necesaria información sobre los criterios de adjudicación de vivienda pública y social de la Junta de Andalucía, un análisis socio demográfico de la necesidad real de vivienda y de la situación del parque de vivienda en Granada, el número de viviendas realmente vacías, cuántas de esas viviendas están ocupadas ilegalmente, cuáles de esas viviendas cumplen con su función social de dar respuesta habitacional, cuántas de las familias que son adjudicatarias de viviendas sociales tienen rentas superiores a lo establecidos en la normativa e información abierta y pública sobre el registro de demandantes de vivienda. “En este sentido nos preguntamos por la degradación de espacios públicos en las áreas de rehabilitación de AVRA después de tantos años de intervención, por las 3.990 viviendas públicas vacías en el Distrito Norte cuando hay casi mil personas en el registro de demandantes de vivienda, por la adjudicación de la Junta de Andalucía de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad a familias vulnerables”.

Vamos, Granada denuncia que el Ayuntamiento de Granada lleva años aportando ayudas económicas por valor de más de medio millón de euros y estos casos de desahucios siguen sucediendo, “lo que nos parece más grave es el pago de alquileres que corresponden a parque público, esto es dinero de los granadinos que recibe la Junta de Andalucía por viviendas públicas, a través de convenios con entidades sociales conscientes de la necesidad de vivienda de la ciudad. Mientras, nuestro parque público municipal sigue escondido y cerrado; más de 60 viviendas de las que se ha hablado en infinidad de ocasiones, cerradas, pagando hipoteca o puestas a la venta”. Rivas informa que el 12 de mayo se publicaron subvenciones por valor de 1,9 millones de euros que serán repartidos entre los ayuntamientos que lo soliciten para la realización de los planes municipales de vivienda. “No entendemos cómo con la situación que tenemos no tenemos un plan municipal de vivienda y como ésta no es una prioridad absoluta para el equipo de Gobierno que se convierte en cómplice de este tipo de situaciones de desamparo institucional a personas desahuciadas”.