'Vamos, Granada' presenta una serie de medidas anticorrupción
El grupo municipal defenderá la creación de una comisión de investigación sobre el caso Nazarí
Vamos, Granada ha presentado el contenido de la moción que defenderá en el próximo pleno de junio. El grupo municipal ha explicado que las causas de la corrupción política son muchas y variadas, pero algunas destacan sobre otras. La falta de mecanismos de control adecuados para la actividad de los representantes públicos y el sentimiento de impunidad que han adquirido algunos políticos, han dado como resultado la aparición de una inmensa telaraña clientelar que ha penetrado hondo en el sistema de partidos y las instituciones. “La deuda como carcoma de la democracia que desvía recursos y secuestra decisiones; que no es una manzana podrida, son muchas: el caso Bárcenas, Gürtel, Acuamed, ERE's, cursos de formación, Valencia, la cataluña de Pujol y el caso Nazarí en Granada, donde se ha extendido el secreto de sumario un mes más” ha puntualizado Marta Gutiérrez, portavoz de Vamos, Granada.
En 2013, un informe del CGPJ contabilizaba 2.173 casos de corrupción en fase judicial, 302 de ellos calificados de macrocausas. Las consecuencias son precisas y se materializan en deuda, ruina, recortes, merma de los servicios públicos o incumplimiento de derechos humanos. Un Estudio de la Universidad Complutense de Madrid afirmaba que en España se pierden cada año por casos de corrupción política unos 30.000 millones de euros, lo que supone: 3% del PIB, más del 50% del gasto en educación, 1/3 del gasto en sanidad, la totalidad de los recortes que nos exigen desde Europa. Las causas: una, fundamental, la falta de mecanismos de control adecuados; además de recorte de medios humanos y materiales en el sistema judicial y falta de mecanismos de participación, transparencia y control ciudadano.
En Granada se desconoce el verdadero alcance del caso Nazarí, cuan profundas son las raíces de la corrupción en el Ayuntamiento y en sus dinámicas. Es momento de poner mecanismos de control institucional para delimitar el alcance, las responsabilidades políticas y de gestión y definir medidas para evitar que se repita.
Las propuestas incluyen una Comisión de Investigación municipal, y un proceso de Auditoría Ciudadana.
La Comisión de investigación se constituiría con los medios normativos que permite el Reglamento Orgánico Municipal, con el objeto de delimitar el alcance que ha tenido el caso Nazarí en la corporación, delimitar las responsabilidades políticas derivadas e informar de qué medidas son necesarias para evitar que casos de corrupción como este vuelvan a ocurrir.
Para la puesta en marcha del proceso de Auditoría Ciudadana en el Ayuntamiento de Granada, se invitará a la participación de los corporativos, del personal del Ayuntamiento de Granada, de personas a título particular, de representantes de movimientos sociales y de la sociedad civil, y de personas con conocimientos técnicos específicos, para, entre todos, auditar la deuda del Ayuntamiento, al objeto de identificar aquella deuda contraída en contra del interés general de la ciudad de Granada. Incluyendo en todo caso herramientas que fomenten la participación ciudadana, también sectorial y territorial -esta última a través de las Juntas Municipales de Distrito-. Esta auditoría requiere el análisis de contratos de servicios y personal, concesiones, convenios e inversiones, alcanzando a todos los organismos y empresas con participación municipal.
En la moción se plantea adoptar el objetivo de incorporar al Ayuntamiento de Granada, en el plazo más breve posible, los más altos estándares de transparencia y de participación ciudadana para dar una respuesta integral, desde dentro de las instituciones y desde la sociedad civil, al grave de problema de corrupción política que estamos viviendo en Granada.
Asimismo, se apunta a medidas que refuercen y faciliten la lucha contra la correupción. Por una parte se solicita que se redoblen esfuerzos en la investigación, con una petición expresa al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia e Interior para que se dote a la provincia de una Fiscalía Anticorrupción con los suficientes recursos humanos y materiales. Finalmente, se propone que el Ayuntamiento adopte medidas de protección del personal municipal denunciante de casos de corrupción, e se inste a los gobiernos estatal y autonómico para que desarrollen mecanismos legales y administrativos en este sentido.
