Vamos Granada propone incorporar en la ordenanza de transparencia los obsequios y viajes de los concejales

El grupo municipal de Vamos Granada en el Ayuntamiento de Granada ha propuesto este jueves que la ordenanza de la transparencia incorpore los obsequios que reciben los concejales y los viajes que realizan en el ejercicio de su cargo, aspectos que también considera necesario limitar para evitar la posibilidad de corrupción a través de los mismos.

Así se ha pronunciado al hilo de la investigación abierta por la adjudicación de Casa Ágreda a una ONG marroquí contra cargos municipales durante el anterior gobierno, entre ellos el exalcalde, José Torres Hurtado (PP), y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto.

Según recuerda el grupo municpal, en este caso la Fiscalía ha encontrado relevante la invitación con todos los gastos pagados a una delegación granadina a Rabat, que incluía a los concejales del PP Francisco Ledesma y Fernando Egea por parte de la Federación Internacional para el Desarrollo (AIDE), la asociación que logró la adjudicación por 40 años con derecho a compra de la Casa Ágreda.

La invitación se realizó para que 14 granadinos participaran en la 'I Semana Hispano-Marroquí de Amistad y Cooperación', según señala Vamos Granada, que alerta de que los datos de este viaje han generado polémica ya que levantan una "sombra de sospecha sobre la justificación de la presencia de los concejales invitados por la ONG que acababa de conseguir la adjudicación de la Casa Ágreda".

En las semanas previas y posteriores a este viaje, cuando trascendió su realización por parte de miembros de la corporación, el grupo municipal de Vamos Granada afirma que pidió cuentas al equipo de gobierno en distintas comisiones informativas, donde se respondió abiertamente que AIDE, la adjudicataria de Casa Ágreda, "había pagado íntegramente los viajes de los concejales".

Vamos Granada considera que esta respuesta, que pretendía justificar que no se había realizado gasto público, "evidencia una escasa conciencia acerca de las mínimas normas éticas que debe seguir un representante público para garantizar la independencia de sus decisiones".