Vamos Granada recurrirá el archivo provisional de su denuncia por contrataciones en Visogsa
De Haro-Rossi ha manifestado que van a "agotar la vía judicial" de una u otra forma
El grupo de Vamos Granada tiene previsto interponer un recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada que decreta el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación abierta tras una denuncia de la citada formación por cuatro supuestas contrataciones irregulares en la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada (Visogsa) en la etapa de Sebastián Pérez (PP) al frente de la Diputación.
Así lo ha trasladado este domingo a Europa Press el portavoz de Vamos Granada en la Diputación, Luis de Haro-Rossi, quien ha recordado que el auto establece la posibilidad de interponer un recurso de reforma y/o subsidiario de apelación contra dicho auto.
De Haro-Rossi ha explicado que aún no se ha decidido por qué vía optarán, si por el recurso de reforma ante el propio Juzgado de Instrucción, por el de apelación ante la Audiencia Provincial, o por los dos, pero en todo caso ha aseverado que van a "agotar la vía judicial" en este caso.
Además, ha calificado de "sorprendente" la "rapidez" del auto dictado por el juez decretando el sobreseimiento provisional de las actuaciones, y ha anunciado que Vamos Granada tiene previsto presentar próximamente "sentencias que avalan" sus argumentos, por lo que espera que el recurso que presenten "prospere".
En el auto, fechado el pasado 19 de mayo y consultado por Europa Press, el juez Francisco Javier Zurita hace suyas las conclusiones del Ministerio Fiscal --que también interesaba el sobreseimiento provisional del caso-- en un informe emitido tras la realización de una serie de diligencias "necesarias para la adecuada valoración de los hechos".
De esta manera, el juez concluye que "no existe razón alguna para mantener abiertas las (...) diligencias, debiendo por el contrario ser reconducido el debate a su ámbito propio de discusión extramuros de la jurisdicción penal, (...) por encontrarnos ante lo que no pudiera sino ser considerada a lo más como una aplicación de normas de derecho laboral y administrativo que pudiera resultar más o menos discutible o, incluso, equivocada, pero no desde luego ante una actuación por parte de las personas cuya investigación era interesada que constituya una contradicción patente, notoria e incuestionable del ordenamiento jurídico".
Además, justifica el archivo "por la misma imposibilidad técnica de incardinar la actuación cuya indagación se interesó en el ámbito de los asuntos administrativos".
EL CASO
Fue el pasado mes de marzo cuando la Fiscalía Superior de Andalucía pidió al juez decano de Granada que se abriera una investigación, que recayó finalmente en Instrucción 6.
La decisión del Ministerio Público se producía después de que el pasado mes de diciembre el grupo de Vamos Granada en la institución provincial presentara una denuncia por la contratación por parte de Visogsa, entre 2011 y 2013, de cuatro personas con contratos temporales, dos de ellas en la categoría de administrativo, una como auxiliar administrativo y un cuarto como arquitecto técnico.
La formación sostenía que los contratos se realizaron "sin atender a los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad" que son de obligado cumplimiento, y que se formalizaron a través de "una resolución de autoridad --presidente de Diputación--", "vulnerando de forma patente y clara las normas que regulan el acceso al empleo público".
Según De Haro-Rossi, al menos dos de las personas contratadas, una administrativa y una auxiliar, "no prestaron sus servicios en Visogsa como sería preceptivo" sino en el área de Protocolo, en el primer caso, y "como secretaria del entonces vicepresidente de la institución provincial, José Antonio Robles", en el segundo.
Las dos trabajadoras, según Vamos Granada, se incorporaron a sus puestos de trabajo en Visogsa en julio de 2015, "cuando ya había perdido el PP el gobierno de Diputación". El otro administrativo entró en Visogsa con un contrato temporal y el arquitecto técnico con un contrato de arrendamiento de servicios, aunque los cuatro contratos "se tornaron indefinidos antes de abandonar el PP el gobierno de la institución provincial", sostenía el diputado y consejero del Consejo de Administración de Visogsa.