Vamos Granada remite a la Cámara de Cuentas la documentación que dispone sobre la investigación a Visogsa

El portavoz de Vamos Granada en la Diputación de Granada, Luis de Haro-Rossi, ha informado este martes de que su formación, apoyada por Podemos, ha remitido a la Cámara de Cuentas de Andalucía toda la información de la que dispone de la investigación en la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada (Visogsa) por cuatro supuestas contrataciones irregulares.

En rueda de prensa, el diputado provincial ha explicado que ha enviado al órgano fiscalizador el decreto que la Fiscalía Superior remitió al Decanato de los Juzgados para que se abriera una investigación por un posible delito de prevaricación administrativa, de la que se encarga finalmente el Juzgado de Instrucción 6 de Granada.

Concretamente, el Juzgado investiga a los dos exgerentes de Visogsa durante la etapa en la que presidía la Diputación y la empresa Visogsa el 'popular' Sebastián Pérez, que tiene ahora la condición de aforado.

Se trata de un asunto que Vamos Granada considera que puede resultar de interés a la Cámara de Cuentas, que a principios de mayo acordó remitir una serie de datos relacionados con un informe de fiscalización que está elaborando sobre la empresa de vivienda al detectar indicios de posibles responsabilidades penales en el mismo periodo.

De Haro-Rossi ha informado además de que Vamos Granada se ha personado como acusación en el caso de los dos exgerentes que ya investiga Instrucción 6, que a partir de ahora tendrá que solicitar las diligencias que considera oportunas, entre ellas las declaraciones de los investigados.

EL CASO

Fue el pasado mes de marzo cuando la Fiscalía Superior de Andalucía pidió al juez decano de Granada que se abriera una investigación, que ha recaído finalmente en Instrucción 6.

La decisión del Ministerio Público se producía después de que el pasado mes de diciembre el grupo de Vamos Granada en la institución provincial presentara una denuncia por la contratación por parte de Visogsa, entre 2011 y 2013, de cuatro personas con contratos temporales, dos de ellas en la categoría de administrativo, una como auxiliar administrativo y un cuarto como arquitecto técnico.

La formación, que tiene como representante en la Diputación a Luis de Haro-Rossi, sostenía que los contratos se realizaron "sin atender a los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad" que son de obligado cumplimiento, y que se formalizaron a través de "una resolución de autoridad --presidente de Diputación--", "vulnerando de forma patente y clara las normas que regulan el acceso al empleo público".

Según De Haro-Rossi, al menos dos de las personas contratadas, una administrativa y una auxiliar, "no prestaron sus servicios en Visogsa como sería preceptivo" sino en el área de Protocolo, en el primer caso, y "como secretaria del entonces vicepresidente de la institución provincial, José Antonio Robles", en el segundo.

Las dos trabajadoras, según Vamos Granada, se incorporaron a sus puestos de trabajo en Visogsa en julio de 2015, "cuando ya había perdido el PP el gobierno de Diputación". El otro administrativo entró en Visogsa con un contrato temporal y el arquitecto técnico con un contrato de arrendamiento de servicios, aunque los cuatro contratos "se tornaron indefinidos antes de abandonar el PP el gobierno de la institución provincial", sostenía el diputado y consejero del Consejo de Administración de Visogsa.

El grupo de Vamos Granada en la Diputación entiende que los hechos relatados son constitutivos de un supuesto delito de prevaricación y solicitaba por ello a la Fiscalía Superior de Andalucía que abriera una investigación, interesando que se tomase declaración al expresidente de Diputación y del Consejo de Administración de Visogsa y actual presidente del PP de Granada y senador, Sebastián Pérez, y a José Antonio Robles; así como a José Ramón Jiménez Domínguez, anterior gerente de Visogsa.

Posteriormente, la Fiscalía Superior rmeitió la denuncia al juez decano de Granada para que se incoasen las diligencias precias que correspondiesen "por la posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa" y remitía su decreto a la Fiscalía General del Estado por si la investigación pudiera afectar a Sebastián Pérez, que tiene la condición de aforado.