Varios colectivos advierten contra la ordenanza de convivencia que "aumentará la fractura social al perseguir a los más vulnerables"

Colectivos sociales han advertido hoy de que la ordenanza de la convivencia de Granada, que entra hoy en vigor y sanciona, entre otras prácticas, el ejercicio de la prostitución en la vía pública, "aumentará la fractura social" al tratar de ocultar y perseguir a la población "más vulnerable".

Así lo han manifestado en rueda de prensa miembros de Granada Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el colectivo gitano Anaquerando y Recursos de Educación y Comunicación.

Para estos colectivos, que respaldan no obstante algunos de los artículos de la ordenanza, la normativa pretende volver a regular, "de manera innecesaria", cuestiones ya recogidas en el Código Penal.

Eso conllevará un aumento de la "fractura social", lo que se traducirá en un empeoramiento de la convivencia ciudadana, en opinión de estos grupos, que han hecho un llamamiento al resto de colectivos sociales para intentar modificar la ordenanza.

Además de sancionar el ejercicio de la prostitución en la vía pública con hasta 3.000 euros, la ordenanza incluye más de 250 prohibiciones, deberes y obligaciones y regula cuestiones como los grafiti, la pegada de pancartas, el consumo de alcohol, la actividad de artistas callejeros y el comercio ambulante no autorizado.

Para Sylvia Koniecki, de Granada Acoge, la ordenanza deja además a la Policía Local, que informa desde hoy de las prácticas sancionables, así como de los pasos a seguir para obtener los permisos en el caso de los artistas callejeros, un "amplio margen" para decidir "de qué forma y a qué sectores se aplica" la norma.

Se ha referido a casos concretos como el de los inmigrantes que se buscan la vida a través de la mendicidad o la venta ambulante y que "difícilmente van a poder pedir un permiso al Ayuntamiento".

Estos grupos, que consideran muchos de los puntos de la ordenanza "un atentado contra los derechos fundamentales", critican que en su elaboración no se haya tenido en cuenta a los colectivos sociales.

Natalia García, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha advertido además de la "ambigüedad" con la que la ordenanza establece destinar las multas derivadas de su aplicación a medidas y recursos sociales, que de entrada "son insuficientes para atender a la población en riesgo de exclusión social".

Por su parte, el alcalde, José Torres Hurtado (PP), ha confiado hoy en que con el paso de los meses, la ciudadanía asuma el "espíritu" con el que nace esta ordenanza municipal para mejorar la convivencia "sin necesidad de recurrir a ningún tipo de autoridad".