Varios municipios presentan alegaciones a la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Armilla ha presentado alegaciones contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada, que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que introduce una discriminación injustificada entre ciudadanos según su lugar de residencia, vulnerando principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad.

La medida, aprobada sin diálogo con los municipios del área metropolitana, afectará gravemente a miles de vecinos y vecinas que necesitan desplazarse a Granada para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales. En Armilla, casi 5.000 vehículos quedarán excluidos del centro de la capital, lo que representa cerca del 30 % del parque móvil del municipio. Sin una mejora real del transporte público ni alternativas viables, se obliga a muchas personas a asumir un coste adicional para poder desplazarse, agravando desigualdades y dificultando el acceso a la ciudad.

El Ayuntamiento de Armilla denuncia que esta ordenanza no se basa en criterios ambientales objetivos, sino en una restricción arbitraria ligada al empadronamiento. "No podemos permitir que se impongan restricciones que dividen a la ciudadanía según su lugar de residencia", ha afirmado la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate.

En palabras de Loli Cañavate: "Mi responsabilidad es defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas. La movilidad no puede ser un privilegio de quienes viven en la capital. Si el Ayuntamiento de Granada sigue adelante con esta ordenanza discriminatoria, tomaremos las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y la justicia social.” Además de su posible inconstitucionalidad, la ordenanza ha sido aprobada sin un estudio de impacto económico y social que analice cómo afectará a los comercios, empresas y establecimientos hosteleros de Granada, que dependen en gran medida de clientes del área metropolitana.

Otro punto clave de las alegaciones es la "clara contradicción de la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, con el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada (PTMAGR) actualmente en tramitación, que ella misma fomentó cuando era consejera de Fomento de la Junta de Andalucía". Ese plan establecía que la ZBE debía implementarse de forma coordinada en toda el área metropolitana, con mejoras en el transporte público y la creación de aparcamientos disuasorios. Sin embargo, la ordenanza municipal rompe con esta estrategia, aplicando restricciones sin compensaciones para los municipios colindantes.

"Cuando era consejera, la actual alcaldesa apostaba por una movilidad metropolitana equilibrada. Hoy impone una medida aislada que castiga a quienes no están empadronados en Granada, sin tener en cuenta su impacto en la ciudadanía ni en la economía del área metropolitana", ha criticado Cañavate. El Ayuntamiento de Armilla exige que la ordenanza de la ZBE de Granada se retire y se reconsidere en una mesa de diálogo metropolitana en la que participen todos los municipios afectados.

"Si el Ayuntamiento de Granada persiste en esta imposición injusta, Armilla no se quedará de brazos cruzados, llegaremos hasta donde haga falta para defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas y garantizar una movilidad justa para toda el área metropolitana", ha concluido Loli Cañavate.

Tras estas alegaciones, el Ayuntamiento de Granada ha recordado que la ZBE responde a una ley aprobada por el Gobierno de España, una medida que además beneficiaría a la ciudad dada su mala calidad del aire. Así mismo, Saavedra ha recalcado que los vehículos altamente contaminantes pueden aparcar en los parkings de borde, mientras que ha señalado las múltiples excepciones que existen en esta ordenanza.

Pulianas reclama más coordinación con los municipios del área metropolitana

Tras la aprobación de la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Granada, Pulianas ha presentado alegaciones solicitando una mayor coordinación con los municipios del área metropolitana. El alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza, ha señalado que “esta medida puede tener un impacto directo en la movilidad y la actividad económica local, por lo que es fundamental que se plantee desde el diálogo y el consenso con los municipios afectados”.

Desde el Consistorio se subraya que la ordenanza de la ZBE, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Granada, establece restricciones al tráfico que afectarán directamente a los vecinos de Pulianas, quienes no podrán acceder con sus vehículos a la capital si no cumplen los requisitos ambientales exigidos. Sin embargo, estas limitaciones no se aplicarán a los vehículos empadronados fiscalmente en Granada, lo que el Ayuntamiento de Pulianas considera una medida discriminatoria y contraria a los principios de igualdad y proporcionalidad.

Uno de los principales puntos de las alegaciones es la decisión del Ayuntamiento de Granada de incluir dos aparcamientos disuasorios en Pulianas sin haber consultado previamente con el municipio. Ambos espacios están ubicados en terrenos privados dentro de centros comerciales, y su uso como parte del plan de movilidad de la capital se ha definido sin contar con la administración local. “Nos sorprende que se tomen este tipo de decisiones sin ni siquiera habernos informado”, ha afirmado Carranza. “Llevamos años solicitando la ampliación del transporte público de Granada hasta estos centros comerciales y todavía no hemos recibido respuesta. Sin embargo, ahora se nos impone el uso de estos aparcamientos sin planificación ni diálogo”.

Pulianas advierte de que la ordenanza de Granada no contempla el impacto que la ZBE tendrá en los municipios del área metropolitana. Entre las consecuencias, el Ayuntamiento señala el aumento del tráfico y la contaminación en su término municipal, la dificultad de acceso a servicios esenciales en la capital para los vecinos sin vehículo adaptado a la normativa y las trabas que esto supone para trabajadores, estudiantes y transportistas. Esta medida genera un gran problema también, para quienes necesiten desplazarse a hospitales y centros de salud en Granada. Aunque se contempla el "traslado de personas por razones de urgencia, alta hospitalaria o acudan a tratamiento de larga duración con justificación médica", no se han previsto excepciones para aquellos que necesiten acudir, sin razón de urgencia, a consultas médicas en el área de Granada, tanto en centros públicos como privados. Esta limitación afecta a ciudadanos que requieren atención médica periódica y que, sin un vehículo adaptado a la normativa, pueden encontrar serias dificultades para acceder a dichos servicios esenciales.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Pulianas exige la revisión del proyecto de ZBE y su modificación para garantizar una implantación justa y consensuada con los municipios afectados. Además, solicita la eliminación de los aparcamientos disuasorios ubicados en Pulianas del plan de Granada y reclama una mejora en el transporte público metropolitano para ofrecer alternativas reales de movilidad a los vecinos.

Maracena exige una ZBE "justa para todos"

El Ayuntamiento de Maracena ha exigido que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que se pondrá en marcha en Granada el próximo mes de abril, sea justa y no perjudique a los vecinos del municipio. Para ello, el alcalde, Carlos Porcel, ha pedido al Ayuntamiento de Granada un estudio objetivo de la situación porque asegura que la normativa actual discrimina a los maraceneros. “No es razonable que 230.000 granadinos tengan barra libre de contaminación, mientras que los 23.000 maraceneros no tengan claro el acceso a los hospitales”, ha manifestado Porcel. En este sentido, ha defendido que todos los centros hospitalarios deben estar exentos de las restricciones de la ZBE, al igual que lo está el Hospital del PTS.

Porcel también ha denunciado que esta normativa genera desigualdades entre los trabajadores autónomos. “Nadie quiere contaminar, pero si un autónomo de Granada puede seguir trabajando en Maracena, ¿por qué un autónomo de Maracena no puede acceder a Granada?”, se ha preguntado Porcel, a la vez que ha exigido una ZBE justa para todos. El alcalde también ha puesto en duda la coherencia de las decisiones tomadas en la capital. “Es incongruente que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, anuncie la construcción de mil viviendas en el barrio del Cerrillo de Maracena, cuando esos mil coches una de sus salidas naturales sea por Maracena”, ha afirmado.

Amabel Adarve, portavoz de Maracena Conecta, expresó su sorpresa por la adopción de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin haber alcanzado un consenso previo con los municipios vecinos ni con otros agentes sociales clave, como partidos políticos, sindicatos, asociaciones y colectivos. Según Adarve, esta medida representa un "perjuicio" para gran parte de la población, especialmente para los jóvenes y estudiantes del Área Metropolitana, quienes enfrentarán "severas limitaciones" en sus desplazamientos hacia la capital. La concejala destacó que, para cursar sus estudios, los estudiantes “se verán obligados a depender aún más del transporte público, sin que se hayan implementado medidas complementarias que mitiguen el impacto de la ZBE”, como por ejemplo el refuerzo y ampliación de las líneas de transporte público tanto urbanas como interurbanas, un aumento de la frecuencia de los servicios y un reajuste en los precios para los colectivos afectados”.

Antonio Segovia, portavoz de Izquierda Unida, critica el modelo propuesto por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, asegurando que éste aislaría completamente a los municipios del Área Metropolitana. “Vivimos en un fenómeno de conurbación, y es evidente que Maracena y Granada están unidas urbanísticamente. No podemos hacerle creer a los ciudadanos que hay una atmósfera separada entre ambas ciudades; estamos bajo la misma atmósfera”, afirma Segovia. Además, señala que ambas localidades están interconectadas en lo social, cultural, laboral y urbanístico, por lo que “no es aceptable que los vehículos sean penalizados por su lugar de origen, ya que la contaminación que generan proviene de sus emisiones, no de la ciudad en la que están matriculados”.

En respuesta a estas preocupaciones, el pleno del Ayuntamiento de Maracena ha aprobado presentar alegaciones a la Ordenanza Integral de la Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada antes de su entrada en vigor, y ha instado a realizar un estudio medioambiental riguroso. Además, el alcalde ha anunciado que se ha iniciado un proceso de recogida de firmas para “asegurar que la ZBE sea justa y equitativa para todos”, ha concluido.