Vecinos de Albayda, en pie de guerra por "una cláusula abusiva": "O la anulan o recurriremos a la Justicia"

Cuando Miguel Ángel y Toñi firmaron hace ahora casi diez años el contrato de alquiler con opción a compra de sus pisos de protección oficial no imaginaban que podrían terminar pagando, una vez decidieran ejercer dicha opción, casi 20.000 euros más de la cantidad estipulada en un principio. La culpable, la cláusula decimoquinta del documento donde estamparon su rúbrica, que señala que el precio para hacer valer este derecho aumentará "anualmente, conforme al IPC, con unos límites máximo y mínimo del 2%, más el impuesto sobre el valor añadido, o impuesto que le sustituya, vigente al tiempo de ejercitarse dicha opción de compra". En apariencia, todo parece claro, pero es ese "máximo y mínimo del 2%" el que ha desatado la indignación de los casi 40 vecinos de las calles Torres y Jimena, en Albayda, que ahora no entienden por qué tendrán que abonar más de los que acordaron.

"El año pasado nos llamaron uno por uno y nos hicieron un cálculo virtual con más o menos lo que nos quedaría por pagar cuando, en septiembre, ejerciésemos la opción de compra. Y fue ahí cuando nos enteramos de que teníamos que desembolsar 20.000 o 25.000 de más. A mí me lo había advertido otro vecino hace seis o siete años, pero no fue hasta que ellos me llamaron cuando descubrí que la cantidad es mucho mayor de lo que esperaba", explica Miguel Ángel, uno de los afectados, quien lo ilustra con cifras. Su vivienda cuesta unos 112.000 euros y ha pagado en estos diez años cerca de 42.000 por arrendamiento. De ese total, el 80%, unos 33.600, se le descuenta ahora que piensa adquirir el inmueble, y es el 20% restante, más lo que le quede hasta 112.000, lo que tendrá que desembolsar si quiere ser propietario. En resumen, aproximadamente 78.400 euros. Y a partir de aquí es donde viene el problema.

La "filosofía" de la cláusula, tal y como reconocen desde Visogsa, es establecer un máximo del 2% de IPC anual. Es decir, si el Índice de Precios de Consumo cierra un año con un incremento del 2,90%, tal y como sucedió precisamente en 2012, el aspirante a propietario solo tendría que abonar por ese ejercicio un 2% más. Ni que decir tiene que esto no debería tener efecto con un aumento por debajo de esa cifra o incluso con un crecimiento negativo, como por ejemplo fue el caso de 2014 (-1%) o 2020 (-0,50%), donde habría de descontarse. La empresa pública dependiente de Diputación defiende que será así, pero lo cierto es que ese "máximo y mínimo" fijaría el recargo del 2% independientemente del IPC, lo que, por otra parte, parece algo confuso. Y así constatan los afectados que se lo transmitieron cuando recibieron la llamada que les informaba de cuánto tendrían que abonar en septiembre.

Por eso, quienes todavía no han tirado la toalla –unos 50 vecinos decidieron no continuar alquilando cuando conocieron esta noticia– han decidido plantarse. No ejercerán la opción de compra si no se aclara este punto y se corrige la actualización del precio en base a la subida del IPC real, que en todo este tiempo solo superó el 2% en el ya mencionado 2012 y en 2021 (6,5%). "Entendemos que la cláusula es nula. Es abusiva, ya que en estos 10 años el IPC ha estado incluso en negativo. Y hasta en dos periodos no ha habido libertad de pactos, pues el BOE ha fijado que éste debe estar condicionado como máximo al IPC real", aclara Miguel Ángel, quien apostilla que así fue durante algunos meses después de firmar el contrato y también desde marzo de 2019.

"Es como si todo lo que hemos pagado en estos 10 años fuese a parar a un IPC inexistente", lamenta Miguel Ángel

Es por todo ello que los vecinos se plantean incluso recurrir a la justicia para que esta declare dicha cláusula 15.B como abusiva. "Como intuimos que la respuesta futura será negativa vamos a ponernos en manos de abogados ya. Nuestra intención era hacerlo amistosamente, pero con la respuesta del otro día –se refiere a una carta que se documenta en el próximo párrafo– me dan a entender que no es posible", anuncia este joven de 33 años. "Si nos aplican ese 2% anual, que sería un 20% del precio final, sería como si todo lo que hemos pagado en estos 10 años fuese a parar a un IPC inexistente", añade al tiempo que lamenta que la empresa pública "lance una promoción de viviendas para que gente vulnerable pueda adquirir una y, finalmente, nadie pueda afrontar lo que valen y hagan negocio con ellas". Entre el resto de reclamantes se encuentran "familias numerosas, personas extranjeras, gente con discapacidad o mujeres mayores en situación de vulnerabilidad social". Miguel Ángel afirma que incluso ha mandado dos cartas a la Diputación y Visogsa, respectivamente, sin obtener respuesta en ninguna de ellas: "En la segunda, firmada por 29 vecinos, pues el resto no se encontraban en Granada, un comercial me dijo textualmente que si lo que pretendíamos era que nos regalaran los pisos. Mi pareja tiene uno y yo llevo esperando varios años para casarme con ella porque si lo hago antes de septiembre no me aplican las condiciones de la VPO".

Aunque su caso parece casi anecdótico comparado con el de su vecina Toñi, de 60 años y a la que el Covid le ha supuesto una merma importante de ingresos por la reducción de su jornada laboral como limpiadora. "Antes tenía las ocho horas, pero desde que empezó la pandemia nos dejaron solo dos. Con dos horas son 250 euros lo que me pagan al mes y llevo ya casi un año sin poder hacer frente al alquiler", cuenta angustiada. La situación ha llegado al punto de que será desalojada de la vivienda el 15 de marzo. De nada le sirve estar comiendo en casa de su hermana o de su prima: "Entre la luz, el agua y el teléfono ya están prácticamente los 250 euros. Nunca he dejado de pagar voluntariamente. Hablé con la asistenta social y me dieron tres meses de ayuda en los que me pagaron el alquiler. Cuando lo planteé a la promotora me hablaron muy mal, indicándome que lo que tenía que hacer era pagar".

Como el resto de arrendatarios, Toñi tenía pensado comprar una vez, en septiembre de 2022, se abriera esta posibilidad. "Cuando firmé, podía y me manejaba bien. Ahora todo ha cambiado", sintetiza de forma cruda. Su esperanza, un sobrino suyo que acaba de ser padre y necesitará ayuda en casa de ahora en adelante: "El viernes me voy. Él me paga el alquiler y los gastos, y yo le ayudo en durante tres o cuatro meses. Va a pagar lo que me queda de estos meses, pero no lo que tengo atrasado. Estoy buscando a alguien que, aunque sea, pueda dejarme 3.000 euros y así frenar el desahucio. Estoy echando las redes por todos lados". No obstante, dice desconocer si podrá optar a comprar el piso una vez llegue septiembre por las letras que tiene atrasadas.

Llamamiento a la tranquilidad de Visogsa

GranadaDigital ha querido conocer la postura de Visogsa en esta problemática de boca de su gerente, Jesús Raya, quien insiste en que "nuestra filosofía es que los vecinos paguen un máximo del 2% anual". No elude que la cláusula pueda inducir a error y explica que fue así como se la encontró cuando tomó el mando como gerente. "Los contratos se firmaron en 2012, cuando el PP estaba gobernando, y se hizo con las cláusulas estipuladas entonces. De hecho, el alquiler con opción a compra es un sistema que ya no existe. No puedo decir que sea legal o no. Se lo hemos consultado a nuestros asesores jurídicos para que lo estudien. Si no es legal, o si es abusiva, nos harán una interpretación clara de esa cláusula. También la hemos puesto en manos de la Junta para que la interprete, pero nuestra filosofía es no subirles a los inquilinos más del 2%", insiste Raya, quien reconoce que "es cierto que la cláusula habla de un mínimo y un máximo", aunque pide poner el acento en que lo primero que especifica es "el IPC". Por eso admite que "puede haber una confusión de interpretación", aunque llama a la tranquilidad de los vecinos: "Haremos la interpretación más positiva para ellos porque siempre buscaremos la parte más favorable".

"Nuestra filosofía es que los vecinos paguen un máximo del 2% anual", asegura Jesús Raya, gerente de Visogsa

Raya recuerda que fue un asesor comercial quien habló con los inquilinos, por lo que anuncia que "voy a reunirme personalmente con ellos". Dice desconocer los términos de la respuesta a la carta dirigida a Visogsa por Miguel Ángel, en su propio nombre y en el de otros 28 vecinos, y confirma que "estamos redactándola para que la puedan tener por escrito dentro de poco". Otra carta, la que debe comunicarles que en septiembre se extingue el contrato de alquiler y tienen opción a compra, será la que les llegue a los vecinos tres meses antes de esa fecha, en junio, por lo que hace un llamamiento a la tranquilidad, pues "de aquí a entonces todavía tenemos un tiempo para estudiar todo". Además, asevera que los vecinos no deben temer perder su piso si no pueden comprarlo en septiembre: "No vamos a echar a nadie". "Somos una empresa pública y lo que nos interesa es hacer las cosas bien. A quien no pueda afrontar la compra le alquilaremos la casa lo que necesite hasta que pueda hacerlo". Lo que no puede garantizar es que de esos nuevos pagos de arrendamiento también se descuente el 80% para una futura adquisición, aunque admite que "es posible". Mientras, los vecinos aguardan una rectificación oficial que les dé tranquilidad y, al fin, les permita tener garantías para ejercer la opción a compra.