Los vecinos del distrito Norte sufren una media de tres cortes de luz cada hora

La Plataforma contra los Cortes de Luz ha vuelto a reiterar la situación “insostenible” que vive el distrito Norte de Granada y, por ello, ha enviado certificados certificados a 23 administraciones locales, autonómicas y nacionales, incluida la Casa Real, explicando el grave problema que sufren desde hace más de una década.

En el documento, firmado por Francisco Cordón, miembro de la Plataforma contra los Cortes de Luz, secretario de la ONG Otra Realidad e ingeniero industrial del ICAI, explica que la gran mayoría de los vecinos del distrito Norte “pagan su luz y no tienen su luz, y no vemos que las instituciones den pasos para que esto acabe algún día”. De hecho, menciona que la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía promovió un juicio civil contra la compañía distribuidora para defender a los electrodependientes y “estamos a la espera del resultado”, así como la petición impulsada por el Defensor del Ciudadano de Granada ante el Parlamento Europeo.

“Este es un caso de flagrante de desigualdad, de incumplimiento de las normas más básicas de nuestro ordenamiento jurídico, de inseguridad y hasta de violación de derechos humanos”, explica Cordón, quien aclara que “son innumerables las reclamaciones presentadas ante la compañía y ante las distintas administraciones, pero nada parece funcionar. La ausencia de derecho es clamorosa”.

Ante esta situación, el representante de la Plataforma contra los Cortes de Luz, ha expuesto que, de los 19.826 suministros eléctricos en el distrito Norte, que abarca los barrios de Parque Nueva Granada, Casería de Montijo, Campo Verde, Cartuja, La Paz, Rey Badis y Almanjáyar, hay un 74% que está al corriente de pago (14.772 suministros). “En el periodo que va de 2016 a 2021, ambos incluidos, sabemos que se producen poco más de 3 cortes cada hora, y como cada corte tiene una duración media cercana a 2 horas, resulta que siempre hay 6 suministros cortados”, afirma. Un 24% que no abona sus recibos está en riesgo de exclusión social y, calculan, solo el 2% hacen un uso fraudulento del suministro eléctrico.

Además, denuncia que “la compañía eléctrica, pese los pingües beneficios que obtiene, no está poniendo en juego las mejores técnicas disponibles y las Administraciones no se las están exigiendo, en la era del ‘Big Data’ y de la Inteligencia Artificial, con unos contadores que tienen más datos que nunca. Se están produciendo, en consecuencia, una ilegalidad y una dejación de funciones respectivamente desde hace más de una década” y añade que “mientras, cincuenta mil millones de euros han ido a Italia desde la venta de Endesa”.

Para Cordón, en lo que corresponde a las anomalías, “se lanza a su búsqueda personal de una subcontrata sin atribuciones con una pinza amperimétrica, con el histórico de lecturas de los suministros al corriente de pago o buscando a ciegas, sin datos, si la pobreza energética ha ganado la zona” o, con respecto a las incidencias, “se manda al personal de otra subcontrata, cuyo cometido es esperar a que se enfríe el cuadro de baja del centro de distribución para volver a armar hasta que se caliente y salte de nuevo”. También reclama que las administraciones actúen en consecuencia para atajar de una vez por todas esta situación.

Peticiones

Ante esta situación, la Plataforma contra los Cortes de Luz, pide “que se atienda a las personas en riesgo de exclusión social sin cobros indebidos” así como “a los electrodependientes”. También, “que se habilite un teléfono de atención, porque las zonas de cortes se repiten de forma cíclica con el paso de los años y las personas al corriente de pago sufren cada vez más desatención por parte de la compañía al reconocer el personal subcontratado de ésta en su ‘call center’ los teléfonos de los afectados”.

De la misma manera, solicitan que “se estudien los datos de cortes que tienen la compañía y los órganos competentes de la administración, porque las instituciones tienen la responsabilidad de hacer una foto fija del problema. Que no se haga una diagnosis y que no se acepte ayuda en este punto es una expresión flagrante del comportamiento autárquico de las administraciones españolas, demostrado por la continuidad, por unanimidad, de la Petición ante el Parlamento Europeo anteriormente mencionada. La integridad de los datos es además importante y no deberían existir discrepancias en ningún caso, algo que sólo se puede comprobar si se hace un único expediente administrativo que refunda toda la información existente, tal y como preceptúa nuestra fundamental LPAC. En definitiva, al ignorar los datos y evitar la unificación de la documentación, la Administración corre el riesgo de estar engañándose a sí misma, para poder a continuación decir a Europa que no pasa nada, evidentemente colocándose en disposición de recibir otra medallita de nuestros socios en forma de multa”.

Finalmente, el documento exige “que se mejoren las redes de baja tensión y que se asigne cada contador de Telemedida a su línea de baja y concentrador, de forma que se ayude a la detección de anomalías, especialmente en los 18 Centros de Distribución en los que la compañía distribuidora tiene constancia de la ocurrencia de un 97% de las incidencias”.

Asociación de Vecinos

Por su parte, Rosa García, presidenta de la Asociación de Vecinos Nueva Cartuja, quien lleva luchando también muchos años contra esta situación, ha sido más concreta al explicar que “al lado de mi casa ya llevan un mes que les quitan la luz a las nueve de la noche y se la devuelven a las nueve de la mañana. Ahí viven 30 o 40 familias y algunos son electrodependientes. Y lo que nos espera”.

La responsable de la asociación señala que “Endesa sale en los medios de comunicación y parecen que ellos son las víctimas. Yo no digo que no hayan invertido, porque no me gusta mentir, pero no me sirve de nada que pongan transformadores cuando la red de baja tensión es del año 1975, que es cuando se hicieron estos bloques. ¿De qué nos sirven si cuando enciendes el aire acondicionado revientan las alcantarillas?”.

Además, Rosa García insiste en que “los cortes siguen igual cuando el 74% de los vecinos pagamos nuestros recibos, mientras que un 24% están en exclusión social. Solo un 2% es de aquellos que lo hacen de manera fraudulenta. Y la única manera de acabar con estos es que Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y Gobierno de España se pongan de acuerdo. Que hagan lo que tengan que hacer. Pero antes de culpar a la marihuana que piensen porqué hemos llegado a este punto. Tenemos la tasa de paro más alta y también la tasa de absentismo escolar; el problema con la vivienda es terrible, porque lo que se permite aquí no se permite en ningún otro lado. Hay que dar a las personas formación y la oportunidad de que estudien y trabajen. Antes en el barrio había talleres de empleo; hace cinco o seis años que no se hacen. Han tirado la toalla con el barrio”.