Verdades y falsos mitos de la Zona de Bajas Emisiones

El ruido político ha alimentado la confusión entre la ciudadanía sobre cómo se aplicará una medida ya de por sí compleja. La nueva ordenanza que regulará la circulación por la ciudad entrara en vigor el 1 de abril

Granada.- Adjudicadas por 1,5 millones de euros nuevas inversiones para la implantación de la zona de bajas emisiones
Tráfico en el entorno de Granada | Foto: Archivo
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La aplicación correcta de la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) propiciará inexorablemente un cambio de mentalidad en nuestra sociedad. A corto plazo producirá un impacto en las rutinas de miles de granadinos. ¿Qué obtendremos a cambio? Aire. De calidad. Un regalo de presente y futuro. Esa transformación dará comienzo el 1 de abril, día en el que entrará en vigor la nueva ordenanza tras su aprobación en el pleno municipal. Lo que aún no será efectivo es el régimen sancionador que la acompaña, que lo será en octubre.

Los distintos retrasos a la hora de poner en funcionamiento la ZBE en Granada han alimentado las dudas sobre cómo será su funcionamiento y las sanciones a las que se verán expuestos los conductores que infrinjan la nueva normativa. El cruce de reproches entre municipios y partidos políticos sólo ha aportado más ruido y confusión. Esto ha provocado que el proyecto nazca algo intoxicado por varios falsos mitos.

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1. ¿La ZBE es un capricho? No.

La Declaración de Emergencia Climática y Medioambiental impulsada por la Unión Europea en 2019 invitaba a sus países miembros a la creación de medidas urgentes que palien el deterioro climático que se sufre en todo el mundo. En cumplimiento de ese objetivo común, en España se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que cuenta con la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) como una de sus propuestas más importantes. El acceso a las ayudas económicas que van de la mano de su implantación es lo que ha animado especialmente a las ciudades a ponerlas en funcionamiento.

Y, ¿para qué se ofrece ese dinero? Por ejemplo, para la modernización del parque de vehículos del transporte público, para la ampliación de sus servicios o para que los abonos de trasporte sean más baratos para el ciudadano, ya que estarían subvencionados entre un 20 y un 50% por el gobierno central. Es decir, sin la ZBE y sin un régimen sancionador que lo acompañe no hay dinero.

2. ¿Se ha tramitado con celeridad la ZBE? Sí, los plazos ya estaban prorrogados.

La celeridad con la que en los últimos meses se tramitado su puesta en marcha tiene sus razones. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética fue aprobada en mayo de 2021. Entonces, se establecía que las 151 ciudades españolas con más de 50.000 habitantes debían tener en funcionamiento sus ZBE el 1 de enero de 2023. A finales de 2024 apenas una veintena habían cumplido, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Digamos que Granada formaba parte de ese grupo de ciudades remolonas. Es cierto que la inestabilidad en la alcaldía -cuatro regidores distintos desde 2021 con sólo unas elecciones de por medio, las de 2023- no ha facilitado la planificación debida de un proyecto que conlleva un cambio importante de hábitos para el ciudadano. Medidas de este calado suelen ir acompañadas del cálculo político sobre lo que es oportuno, cuándo y a qué coste. Casi el mismo tiempo tuvo el socialista Francisco Cuenca para avanzar en esta materia como el que ha tardado la ‘popular’ Marifrán Carazo en emprender los pasos necesarios.

3. ¿Van a quedar aislados los vecinos del Área Metropolitana? En absoluto.

Los vehículos debidamente homologados con cualquiera de las certificaciones que especifica la DGT podrán circular y acceder a la capital sin ningún problema, viva donde viva su conductor. Los únicos impedimentos se establecen para aquellos vehículos que no consigan su distintivo medioambiental: vehículos de gasolina anteriores al 2001 y de diésel anteriores al 2006. Pero incluso estos vehículos especialmente contaminantes podrán circular libremente si pagan su impuesto de circulación (IVTM) en Granada.

4. ¿Penaliza la medida a los vehículos no empadronados? Sí, a los no homologados.

En cierta forma será así, pero hay que insistir: los vehículos homologados no tendrán restricción alguna. Los que no tengan la certificación medioambiental debida y cuyo IVTM no esté domiciliado en Granada no podrán circular por el área restringida, aunque este punto tiene sus excepciones.

5. ¿Se obstaculiza el derecho a recibir servicios sanitarios? De ninguna manera.

No es verdad que esto pueda a ocurrir. Aquellos vehículos que no cumplen la normativa estarán exentos de manera especial para el traslado de personas por razones de urgencia, alta hospitalaria o que acudan a un tratamiento de larga duración con justificación médica. También quedan libres de sanción los que deban acudir a una farmacia de guardia en horario no comercial justificando su necesidad mediante factura.

6. ¿Se verá mermado el abastecimiento de mercancías por las restricciones? No.

No debiera ser así. Los vehículos con tarjeta de Carga y Descarga (CYD) autorizados por el Ayuntamiento de Granada podrán realizar su trabajo como siempre. Aquellos que no dispongan de tal dispensa deberán solicitar una autorización previa.

7. ¿Nos obligan a dejar el coche en casa? No, se invita a reducir su uso.

En la filosofía que impulsa la ZBE está el fomentar el uso del transporte público en detrimento del vehículo privado dentro de las áreas que se pretende proteger. No obstante, desde el Ayuntamiento de Granada se señala la existencia de 15 aparcamientos de borde o disuasorios distribuidos en tres zonas. Pero estos ya existían y lo forman parkings subterráneos, estacionamientos de centros comerciales o de hoteles, entre otros.

A priori, es una incógnita si su capacidad será suficiente para atender la demanda venidera en una ciudad con complicaciones ya notables para aparcar. Tampoco se ha especificado de momento si se habilitarán más zonas de aparcamiento ya sean de titularidad pública o con participación privada.

8. ¿La ZBE sólo pretende sacar dinero al ciudadano? Puede suponer un nuevo gasto.

Es evidente que aquellos que no tienen su coche homologado y quieren acercase a la capital se verán obligados a usar alguno de esos parkings disuasorios, lo que puede suponer un gasto extra a las familias afectadas. En este sentido aún queda trabajo por hacer. No todos los aparcamientos cuentan con las mismas tarifas ni existe un criterio uniforme en la forma de aplicarlas (por días, por horas, por minutos…). En definitiva, la mayoría son estacionamientos privados con los que el Ayuntamiento está negociando acuerdos para que ofrezcan tickets y bonos de aparcamiento a precios razonables.

Queda de momento al margen el régimen impositivo de las sanciones que se empiecen aplicar desde octubre de 2025. La cuantía de las multas aún no se ha concretado.

9. ¿Faltan alternativas de transporte público? Están sin concretar.

Existe el compromiso de que antes de que entre en vigor la ordenanza queden reforzadas tanto las líneas de transporte urbano, interurbano y el Metro. Aún no se ha concretado.

10. ¿Ha existido consenso? No del todo, pero sí tiempo para presentar alegaciones.

Quizás no se haya producido un consenso que contente a todos, especialmente a los municipios del Área Metropolitana, pero sí que ha habido un tiempo más que generoso para escuchar cualquier demanda. El Ayuntamiento de Granada escogió el Consorcio de Transporte Metropolitano como el escenario adecuado para el diálogo. Fruto de esas propuestas y alegaciones presentadas se han añadido algunas exenciones. Las últimas cinco fueron anunciadas por la propia alcaldesa hace una semana.







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