Vídeo | Los okupas de Azacayas se atrincheran ante el inminente desalojo
Durante estos días, se ha podido ver cómo refuerzan los barrotes con soplete mientras la Policía Nacional ultima el operativo

La tensión sigue en aumento en la calle Azacayas de Granada a medida que se acerca el viernes, día en que la Policía Nacional tiene previsto ejecutar el desalojo del edificio okupado desde diciembre. En las últimas horas, imágenes a las que ha podido acceder GranadaDigital muestran a un hombre utilizando un soplete para reforzar los barrotes de las ventanas, lo que sugiere que los ocupantes se están preparando para resistir la intervención policial.
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El inmueble, ubicado en una de las calles más antiguas del centro de Granada, fue ocupado hace más de tres meses por un grupo de jóvenes que buscaban darle un uso social. Según sus integrantes, el objetivo era convertir el edificio en un centro cultural y comunitario, con actividades gratuitas para los vecinos y colectivos vulnerables. Desde su llegada, han organizado talleres de dibujo, arte plástico, teatro, danza, serigrafía y música, además de proponer la creación de un comedor social.
Sin embargo, el dueño del inmueble, que había adquirido recientemente la propiedad, presentó una denuncia exigiendo el desalojo inmediato. A partir de ese momento, la situación se tornó cada vez más tensa, con intentos de desalojo fallidos, enfrentamientos y un creciente despliegue policial en la zona.
Intentos previos de desalojo y acuerdo con los okupas
Uno de los episodios más conflictivos ocurrió el pasado 20 de enero, cuando una empresa de desalojo intentó expulsar a los okupas sin una orden judicial. La acción derivó en altercados entre los activistas, los trabajadores de la empresa y la policía, dejando un saldo de un detenido y cuatro heridos. Además, simpatizantes del colectivo intentaron llevar alimentos a los ocupantes, lo que generó más enfrentamientos y obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.
Tras este episodio, la tensión se mantuvo en la zona hasta que ambas partes llegaron a un acuerdo: los okupas se comprometían a abandonar el edificio en un plazo máximo de dos meses o antes si encontraban un nuevo espacio donde continuar con sus actividades. Sin embargo, en las últimas semanas, los movimientos dentro del edificio han hecho dudar a los vecinos sobre si los ocupantes realmente tienen la intención de irse voluntariamente.
En los últimos días, las imágenes de un hombre utilizando un soplete para reforzar los barrotes de las ventanas han encendido las alarmas. Estos preparativos sugieren que los okupas podrían estar dispuestos a resistir el desalojo, lo que podría derivar en una intervención policial más compleja de lo previsto.
Un barrio dividido ante la okupación y el desalojos
La situación ha dividido a los vecinos de la calle Azacayas. Algunos apoyan la presencia de los okupas y consideran que han dado una nueva vida a un edificio que llevaba años en desuso. Argumentan que las actividades culturales y el comedor social propuesto por el colectivo podrían beneficiar a la comunidad, especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, hay vecinos que ven con preocupación la ocupación del inmueble y el hecho de que los okupas estén reforzando la seguridad del edificio ante el inminente desalojo. Para ellos, la resistencia a abandonar la vivienda es una señal de que el colectivo no tiene intención de cumplir con el acuerdo alcanzado en enero. Además, temen que la intervención de la Policía Nacional pueda derivar en enfrentamientos violentos que afecten a la tranquilidad del barrio.
A pesar de la actividad inusual en el interior del edificio, los vecinos han confirmado que en las últimas semanas no han presenciado incidentes delictivos ni altercados. Sin embargo, la incertidumbre y la sensación de tensión van en aumento a medida que se acerca la fecha programada para la intervención policial.
El operativo policial en marcha
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que el operativo sigue en marcha y que se ejecutará en cumplimiento de la legalidad vigente. Si bien no han dado detalles específicos sobre la intervención, se espera que la operación se lleve a cabo de forma ordenada y con el menor impacto posible en la vida cotidiana del barrio.
El refuerzo de las defensas del edificio podría dificultar la labor de los agentes, por lo que las autoridades han evaluado diferentes escenarios ante una posible resistencia por parte de los okupas. Según expertos en seguridad, en casos como este, los desalojos pueden convertirse en intervenciones prolongadas si los ocupantes se niegan a abandonar el lugar pacíficamente.
La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a la calma y ha insistido en que el objetivo principal es garantizar la seguridad de todas las personas involucradas, tanto de los okupas como de los vecinos y los agentes que participen en el operativo.
Un caso que reabre el debate sobre la okupación en Granada
El caso de la casa okupada en la calle Azacayas ha reabierto el debate sobre la okupación en España. Mientras algunos colectivos defienden la recuperación de espacios abandonados para usos sociales y culturales, los propietarios exigen más medidas para proteger la propiedad privada y evitar este tipo de situaciones.
En Granada, la okupación ha sido un tema recurrente en los últimos años, con varios edificios en el centro histórico que han sido tomados por diferentes colectivos con la intención de convertirlos en centros culturales alternativos. No obstante, la mayoría de estos espacios han terminado siendo desalojados por la Policía Nacional, en algunos casos tras largos procesos judiciales.
A medida que se acerca el viernes, la incertidumbre crece en la calle Azacayas. La gran pregunta es si los okupas cumplirán con el acuerdo alcanzado en enero y abandonarán el edificio de manera voluntaria o si, por el contrario, la situación derivará en un nuevo enfrentamiento con las autoridades.
Lo que es seguro es que la mirada de los vecinos, los medios de comunicación y las fuerzas del orden estará puesta en este operativo, que podría convertirse en un nuevo capítulo de la lucha entre okupación y propiedad privada en España.
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