Vitalia "podría" haber hecho regalos a altos cargos de la Junta de Castilla y León
El exdirector general de Vitalia Antonio Albarracín, que estuvo varios meses en prisión dentro del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, "podría" haber dado regalos en el año 2007 a "personas relacionadas con los procesos de reestructuración de plantillas", como altos cargos de la Junta de Castilla y León, sindicalistas de CCOO y UGT y empresas, además de al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a sus secretarias o al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
En un atestado elaborado por la Guardia Civil con motivo de la segunda fase de la operación 'Heracles', al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes ponen de manifiesto que, según la información facilitada a este respecto por la Policía Autonómica de Cataluña, en los registros realizados en Barcelona se obtuvo un archivo informático denominado 'Regalos_SrAlbarracín2007xls' "en el que se recoge un listado de personas que podrían haber sido destinatarios de regalos, de los que se desconoce su descripción".
"Entre los supuestos destinatarios de esos regalos" estarían Guerrero --que habría recibido un regalo "especial"--, sus secretarias María Ángeles Gala y Rocío Sayago, Antonio Rivas, y representantes de distintas empresas como DHUL, Cortefiel, Induyco, Altadis o TPI, así como "cargos" de la Junta de Castilla y León, y más en concreto el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Miguel Ángel Díez, y la jefa de servicio de Relaciones Laborales, María Valle.
También "podrían" haber recibido regalos responsables de las compañías aseguradoras Vitalicio y Winterthur y un despacho de abogados, en concreto Sagardoy Abogados.
POSIBLE "FINANCIACIÓN IRREGULAR" DE LOS SINDICATOS
Asimismo, y según indica la Guardia Civil en el atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya, también serían destinatarios de regalos por parte de Antonio Albarracín el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Antonio Perianes; el exsecretario de Fiteqa de CCOO, Joaquín González; al exsecretario de Organización de Fiteqa en CCOO y actual secretario general de la federación, José Luis Montesinos; el secretario de Acción Sindical de CCOO, Simón Rosado, quien falleció en 2010, y el actual secretario general de Fitag-UGT, Antonio Deusa.
En relación a los sindicatos, la Guardia Civil señala que "la implantación del sistema presuntamente irregular" de concesión de ayudas en la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, "ha propiciado, merced a la ausencia de adecuados procedimientos de control, que se haya producido un dispendio de fondos públicos que ha terminado produciendo el ilícito enriquecimiento de determinadas personas físicas y jurídicas, pudiendo haber, asimismo, una supuesta financiación irregular, con cargo a los fondos públicos, de las organizaciones sindicales que participaron en estos procesos".
Al hilo, asevera que "el dinero que ha ido a parar" a los sindicatos o a sociedades vinculadas se ha podido cifrar hasta el momento en 7,6 millones de euros, 4,2 millones procedentes de Vitalia, 3,2 millones por parte de Uniter, y 104.400 euros procedentes del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, fondos todos ellos que "procederían en su totalidad de las sobrecomisiones que se han librado en la formalización de las pólizas de seguros sufragadas por la Junta".
LOS SINDICATOS
No obstante, los agentes del Instituto Armado apuntan que "la cantidad realmente abonada podría ser superior, teniendo en cuenta que no ha sido posible recabar la totalidad de los datos fiscales o financieros relacionados con estas operaciones debido a la amplitud del periodo investigado --2000-2010--".
Añade que, de las declaraciones tomadas tanto a trabajadores de las mediadoras como a responsables sindicales, se desprende que las cantidades" mencionadas "se facturaban como recogida de datos, labores de asesoramiento y realización de cálculos actuariales, actividades que por otro lado correspondería haber sido llevadas a cabo por las propias mediadoras".
En esta línea, dice que en los expedientes estudiados hasta el momento "no se ha puesto de manifiesto ningún tipo de servicio efectivo prestado por los mencionados sindicatos al colectivo de trabajadores afectado por el proceso de regulación de empleo".
No obstante, y "además del beneficio económico obtenido directamente de los pagos que las mediadoras realizan a los sindicatos, se ha demostrado que han propiciado la inclusión de intrusos en pólizas financiadas a través de una partida presupuestaria cuya razón de ser es precisamente la protección de trabajadores con difícil reinserción en el mercado laboral tras extinguir su relación laboral con empresas que se encuentren en crisis".
"Tanto es así, que surgen declaraciones que ponen en duda que los sindicatos hayan realizado tarea alguna más allá de la propia negociación de las condiciones del ERE", finalizan los investigadores en el atestado.
