La viuda del agente Arcos reclama ante la Audiencia Nacional la indemnización que Interior le niega
El letrado que representa a la familia señala que el Ministerio rechaza el pago con el "argumento de que no son víctimas directas"
Europa Press
La viuda del guardia civil José Manuel Arcos, que murió al recibir un tiro en acto de servicio en octubre de 2018 en Huétor Vega, ha recurrido ante la Audiencia Nacional el rechazo del Ministerio del Interior a costear los más de 334.200 euros de indemnización que se fijaron en sentencia para ella y sus hijos, después de que el hombre condenado por la muerte del agente haya sido declarado insolvente.
La Audiencia Provincial de Granada condenó a este hombre, un delincuente común conocido como el 'Kiki', a una pena de 22 años y medio de prisión después de que en la madrugada del 15 de octubre de 2018 arrebatara el arma reglamentaria al agente tras una persecución y durante el forcejeo le pegara un tiro que acabó con su vida.
Una vez que la Audiencia de Granada declaró la insolvencia del acusado para hacerse cargo de las indemnizaciones, la viuda y los hijos del agente Arcos recurrieron al Ministerio del Interior con el objetivo de que asumiera el coste bajo el argumento de que este empleado público murió en acto de servicio y la Administración tiene la obligación de resarcirles del daño causado.
No obstante, el Ministerio del Interior ha rechazado asumir las indemnizaciones con el "argumento de que no son víctimas directas", según relata a Europa Press el letrado que representa a la familia, Javier López García de la Serrana, del bufete jurídico HispaColex, quien censura que el Ministerio haga "caso omiso" a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que existe a este respecto.
El asunto se ha visto en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y está ya pendiente de que se fije la fecha del señalamiento para votación y fallo, según ha avanzado el diario Ideal. La "lucha judicial" emprendida por la viuda y los hijos del agente Arcos está suponiendo "una durísima prueba, tanto emocional como psicológica", que se suma a la trágica pérdida del padre de familia y al proceso penal que se vivió tras su muerte. Por ello, desde el despacho que les representa se ha remitido un reciente escrito en el que se solicita a la Sala que, "por razones psicológicas y humanitarias, dé conocer cuanto antes la fecha del señalamiento para votación y fallo de la sentencia" en este procedimiento.
El letrado García de la Serrana argumenta que de todo el elenco legislativo existente se deriva "sin discusión que, los perjuicios sufridos por Guardias Civiles o por agentes de Policía de cualquier clase que sufran lesiones o daños en acto de servicio como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia propia, las funciones que son propias de su cargo, deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio su cargo".
A ello suma que la sentencia 1003/2020 de 15 de julio de 2020, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, aclara que los daños causados por el delincuente declarado insolvente se deben resarcir directamente al lesionado o a sus herederos, por lo que, según recalca, "carece de sentido y lógica negarle la indemnización a la viuda e hijos del Guardia Civil José Manuel Arcos, con el argumento de que no son víctimas directas".
"Lo que está haciendo el Ministerio es una infamia para con las familias de los Guardias Civiles asesinados", ha censurado el letrado, recalcando que actualmente hay otros cinco agentes de la Guardia Civil asesinados con familias en una situación similar y ha confiado en que el proceso impulsado por la viuda e hijos del agente Arcos ante la Audiencia Nacional pueda "abrirles el camino" a ellos también.
