VOX ha puesto en marcha la “Campaña por la transparencia” en la provincia de Granada. Mediante la misma el partido asegura que quiere conocer y trasladar ante la opinión pública cuántas personas de designación política (ya sean cargos públicos elegidos en elecciones, como concejales, o cargos de confianza de los políticos) trabajan en la provincia de Granada con cargo a los presupuestos generales de las distintas Administraciones Públicas. Del mismo modo "queremos conocer el currículum de dichas personas, con especial interés en la trayectoria laboral de dichas personas en el sector privado.  En una época en la que muchas familias no llegan a fin de mes, en la que personas con una alta preparación no encuentran trabajo, queremos conocer cuántas personas, y qué méritos tienen, son contratadas por los políticos para desempeñar tareas de responsabilidad en las Administraciones Públicas".

Según informa el partido en una nota de prensa, Granada es la cuarta provincia española con la tasa de paro más alta, un 35,11%, rozando los 100.000 parados: "queremos conocer la trayectoria profesional de todos los cargos públicos en Granada, ya que la mayoría no han trabajado nunca fuera del ámbito político. Si bien esta situación es legal, al igual que muchas personas sean contratadas a dedo para desempeñar puestos de responsabilidad en las Administraciones Públicas, queremos que la opinión pública conozca con detalle el número de políticos y personal de libre designación a su cargo, así como su trayectoria y experiencia profesional"

Así, la formación ha presentado escritos en los 169 municipios de la provincia incluyendo al Ayuntamiento de Granada, 11 entidades locales, en la Diputación de Granada,  la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y en la Subdelegación del Gobierno de España en Granada.

En la Subdelegación del Gobierno VOX ha solicitado que se exponga el Curriculum Vitae del subdelegado del Gobierno  y de todas las personas con cargo de designación política, (entre otros, el personal eventual, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales, Subdirectores Generales o asimilados) que desempeñen sus funciones en cualquier delegación sita en la provincia de Granada de cualquier Ministerio,  así como de los titulares  del máximo órgano de dirección de los organismos públicos (conforme a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Funcionamiento y Organización de la Administración General del Estado) estatales en Granada,  o que ocupe puestos de dirección en los mismos o en aquellas sociedades mercantiles en las que el Estado tenga participación, Agencias y Fundaciones estatales; donde se detalle el grado de nivel de estudios, nivel de idiomas (con certificado oficial), y detalle de vida laboral haciendo constar por separado los años cotizados en la empresa privada y dentro de la función pública.

Además, el partido político afirma que también se han dirigido la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para solicitar la exposición del Curriculum Vitae de la delegada del Gobierno  y de todas las personas con cargo de designación política, (entre otros, el personal eventual, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales, Subdirectores Generales o asimilados) que desempeñen sus funciones en cualquier delegación  sita en la provincia de Granada de cualquier Consejería,  así como de los titulares  del máximo órgano de dirección de las Agencias (Agencias Administrativas, Agencias Públicas Empresariales y Agencias de Régimen Especial) (conforme a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía) en Granada,  o que ocupe puestos de dirección en los citados organismos o en las Entidades Instrumentales privadas (sociedades mercantiles del sector público andaluz y fundaciones conforme al mismo texto legal citado); donde igualmente se detalle el grado de nivel de estudios, nivel de idiomas (con certificado oficial), y detalle de vida laboral haciendo constar por separado los años cotizados en la empresa privada y dentro de la función pública.

En los 169 municipios de la provincia, entidades Locales y Diputación, con carácter general VOX ha solicitado la exposición del Curriculum Vitae del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, Concejales y de todas las personas con cargo de designación política, (entre otros, el personal eventual, personal directivo como Directores Generales, Coordinadores Generales o asimilados) así como del personal directivo o que ocupe puestos de gerencia en aquellas sociedades mercantiles en las que el Ayuntamiento tenga participación, empresas públicas u organismos Autónomos; donde se detalle el grado de nivel de estudios, nivel de idiomas (con certificado oficial), y detalle de vida laboral haciendo constar por separado los años cotizados en la empresa privada y dentro de la función pública, especificando para la Diputación y el Ayuntamiento de Granada organismos como VISOGSA o GEGSA.

Desde el partido declaran: "hemos de recordar que en el Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, hay concejales que no han desempeñado actividad laboral ninguna fuera del ámbito político. También en la misma institución existen coordinadores generales en la misma situación, que sin haber pasado ninguna oposición ni haber sido elegidos por los ciudadanos, son contratados por el Alcalde cobrando un sueldo cercano a los 70.000 euros anuales, es decir, el sueldo de un ministro".

El coordinador de la campaña en Granada es Pablo García de Movellán Hernainz, Vicepresidente de VOX Granada, quien ha elaborado los distintos escritos, razonando jurídicamente los mismos en lo dispuesto en el art. 37 (Derecho de Acceso a la Información Pública) de la Ley 30/1992 de RJAP y del PAC, de 26 de noviembre, modificado por Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con lo dispuesto en el art. 18.1 b) y 70. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para las solicitudes dirigidas a los municipios y Diputación, y en el art, 105 b) de la Carta Magna. De forma coetánea se invoca el derecho de petición que consagra el art. 29 de nuestra Constitución con la amplitud que se establece el art. 69 de la Ley de Bases de Régimen Local.